Está imputado en una causa por drogas una de las nuevas autoridades del servicio penitenciario

El Gobierno provincial puso en funciones ayer a las nuevas autoridades de la Dirección General de Institutos Penales. Se trata de una renovación de funcionarios dentro del sistema penitenciario local, en medio de la investigación judicial por el homicidio del preso Sebastián Medina en el penal de Villa Urquiza y la causa que lleva adelante la Justicia Federal por tráfico y ventas de estupefacientes en la misma cárcel.

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La presentación estuvo a cargo del ministro de Seguridad, Claudio Maley, durante un acto que se desarrolló sin prensa ni anuncios públicos previos, en el establecimiento penitenciario. “Esta ceremonia es para presentar a los nuevos directivos, a raíz de la renuncia presentada por Guillermo Snaider, la cual fue sometida al acto administrativo correspondiente y aceptada por el señor gobernador, Juan Manzur”, explicó el titular de la nueva cartera de seguridad.

El Poder Ejecutivo (PE) confirmó así la salida de Snaider e, inmediatamente, la designación como nuevo director general de Institutos Penales de Néstor Hugo Juárez, comisario general retirado de la Policía.

“Consideramos que reúne las condiciones para desempeñarse en el cargo, una persona de una trayectoria impecable dentro de la Policía”, sostuvo el ministro al hablar sobre el nuevo titular del servicio penitenciario. A su vez, el Ministerio de Seguridad nombró como subdirector general al comisario retirado del servicio penitenciario, Juan Carlos Argañaraz.

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En su declaración, según el comunicado oficial de la cartera ministerial, Maley hizo hincapié en que la renovación de autoridades tenía origen en la renuncia de los saliente directivos de esa Dirección provincial, en particular, de Snaider. Pero no se refirió a la situación que atraviesa el sistema penitenciario con la muerte del recluso Medina, quien había denunciado, junto con otro interno, la comercialización de marihuana, cocaína y psicofármacos en la cárcel.

El titular de la cartera, en ese marco, destacó: “esto es independiente (de la causa judicial). Snaider presentó la renuncia y por decreto se acepta, y se designa de forma urgente al reemplazante”.

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En la otra causa judicial, que está en manos del fiscal Federal Pablo Camuña, se investiga la venta de estupefacientes en el interior del penal, a partir de la denuncia de Medina y el otro recluso.

En ese momento, el reo asesinado y su compañero había nombrado a varios miembros del servicio penitenciario de Villa Urquiza.

Si bien Camuña no confirmó ayer en qué causa está involucrado Argañaraz ante la pregunta de LA GACETA, fuentes de la Justicia Federal informaron que el nuevo subdirector general de Institutos Penales está imputado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) en una causa por estupefacientes.

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En el Gobierno dijeron que Argañaraz fue “nombrado en el expediente judicial, pero que no se llevó adelante ninguna medida al respecto”. “Eso no descalifica el trabajo de él. No tenemos ninguna comunicación (judicial)”, dijo una alta fuente del Gobierno, quien resaltó que el nuevo subdirector encabezó denuncias por delitos dentro del penal.

Otras salidas

En el acto, Maley destacó que habrá más cambios. “Se han presentado otros cuatros retiros, los cuales están con tratamiento administrativo para concluirlo con la firma de un decreto del señor Gobernador. Naturalmente, habrá movimientos internos dentro de las unidades”, cerró el funcionario.

Uno de los que habría presentado la renuncia fue Fernando Cisterna, responsables de las unidades 1 y 2 de la institución penitenciaria Villa Urquiza, quien está vinculado en la causa de la muerte de Medina. Walter Pato, quien también está involucrado en el mismo procedimiento penal, sería otro de los funcionarios que presentó la renuncia.

El 22 de noviembre pasado, Medina, de 31 años, fue atacado por Alejandro “Pichi” Mendoza en el patio de recreo del Anexo 1 de la cárcel. El domingo 19, sin orden judicial o razones oficiales, los denunciantes habían sido llevados a Villa Urquiza nuevamente. Es que antes, Medina y un compañero (testigo protegido), luego de denunciar la venta de drogas en el establecimiento penitenciario, fueron trasladados hasta la Comisaría 7ª por cuestiones de seguridad.

La víctima logró hablar después de su retorno al penal con sus familiares y les anticipó que lo iban matar, cosa que ocurrió jornadas posteriores.