El IPV niega la entrega de casas a través de gestores

“Yo inscribo y la que se encarga de la gestión es mi jefa; es asistente social”, relató Analía, supuesta intermediaria en la operatoria. La presunta gestora dijo que el lunes habría una entrega en Manantial Sur. Ferrioli negó que las casas estén listas y pidió que formalicen la denuncia.

CASAS DEL ESTADO. El proyecto habitacional Manantiales Sur, del Ipvdu -uno de los más grandes desde Lomas de Tafí-, se anunció en enero de 2013.  LA GACETA / INES QUINTEROS ORIO CASAS DEL ESTADO. El proyecto habitacional Manantiales Sur, del Ipvdu -uno de los más grandes desde Lomas de Tafí-, se anunció en enero de 2013. LA GACETA / INES QUINTEROS ORIO
18 Enero 2018

“Rechace y denuncie gestores, sean internos o externos a esta institución. Todos los trámites son gratuitos”, se puede leer en la página web del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). Ayer Claudia, una mujer que prefirió no identificarse con su apellido, se comunicó con LA GACETA para brindar información sobre la presunta entrega de viviendas sociales en Manantial Sur, Lomas de Tafí, Las Talitas y Yerba Buena, por parte de supuestas falsas gestoras.

“Mi hija, por medio de su papá, ha conocido a una señora que la anotó para las casas. Mi hija está sin celular y ahora figura mi número de teléfono. En el grupo (de WhatsApp) hay 260 familias. Ya debe haber más porque han seguido agregando. Para Manantial Sur entregan las casas el 22 (de enero) a las cinco de la tarde en avenida Colón al 3.700”, precisó la denunciante. Según relató, para la adjudicación de las casas, las supuestas gestoras solicitan llevar el DNI y una copia. Además, dijo: “Ella ya ha entregado sobres que supuestamente tienen números de expedientes. Para ahí han citado a mi hija”, añadió.

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“Ella”, a quien hace referencia la mujer, sería Elizabeth Alsogaray, según su denuncia. LA GACETA se comunicó con Analía, a quien la denunciante sindicó como presunta intermediaria entre Alsogaray y las personas que solicitan las viviendas sociales. Analía, quien actúa como presunto nexo, dijo en diálogo telefónico que su trabajo consiste en reunir a los interesados en adquirir una vivienda. “Yo inscribo. La que se encarga de eso (la gestión) es mi jefa. Yo le colaboro a ella. Ella está en el Ministerio de Desarrollo Social. Es asistente social”, afirmó Analía.

Debido a que el encargo se realiza vía WhatsApp y la recepción de la documentación, en domicilios particulares y sin intervención del Instituto de la Vivienda, Analía fue consultada sobre la legalidad de la actividad. “Todo es política”, lanzó. Y agregó: “Esa información la tiene mi jefa. Yo solo le colaboro inscribiendo”. Analía repitió que “depende de Elizabeth Alsogaray”.

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Claudia indicó que un integrante del grupo de WhatsApp, donde Elizabeth nuclea a quienes demandan una casa del Estado, capturó y envió la nota que publicó LA GACETA ayer sobre la advertencia del Instituto ante la aparición de falsos gestores de casas. Reveló que Elizabeth se ofendió: “Dijo que quien no crea, que pase por su casa para que le devuelvan la plata”, contó. Esta posibilidad reafirmó Analía: “Cualquiera puede retirar (el dinero). Se le entrega todas las cosas si se quiere salir del proyecto”, dijo la supuesta intermediaria.

Este diario le preguntó a Analía si existe una oficina en la que se concrete el pedido de una vivienda social. Lo negó, pero dijo que todo se lleva a cabo en su domicilio particular. Tampoco la solicitud se efectúa por el Instituto de la Vivienda, precisó.

La petición de la vivienda, detalló Claudia, fue a fines de 2016 y principios de 2017. El primer contacto que estableció su hija fue en forma directa con Elizabeth. “Pero ella, ¿a quién manda para que reciba los papeles y todo eso? A Analía”, agregó. Señaló que con sólo enviar un mensaje a Analía para consultar sobre algún domicilio vacante, “ella te dice que te llegues por la Congreso 4.500 (que es su casa) y te recibe las cosas ahí”.

Los documentos que solicitan las presuntas falsas gestoras son, según su versión, “la fotocopia del DNI de todo el grupo familiar, CUIL, acta de nacimiento y certificado de buena conducta”.

La interventora del Ipvdu, Noemi Ferrioli, negó que Elizabeth Alsogaray esté autorizada para la entrega de viviendas sociales. “A esa mujer yo la he sentido nombrar muchísimas veces y dicen que trabaja en algún ministerio. Así lo afirman pero nadie quiere hacer la denuncia. Nos atan de manos”, afirmó la funcionaria.

“Todavía no están para entregar”, desmintió Ferrioli sobre el otorgamiento de casas ubicadas en Manantial Sur, que se concretaría el lunes según Analía y la vecina. Agregó: “Hicieron una denuncia y por eso sacamos el comunicado. Ayer pedí hacer una denuncia penal a otra persona”.

Al parecer, según Analía, “ahora no hay cupos” para adquirir una vivienda; no obstante, la semana que viene probablemente si habrá vacante para acceder a este beneficio. “Todo depende de mi jefa (Elizabeth)”, cerró.

A través de investigaciones periodísticas de “Panorama Tucumano”, el ciclo de LA GACETA TV, el año pasado tomaron estado público diversas anomalías en la ejecución de programas de viviendas sociales. En ese marco, la senadora radical Silvia Elías de Pérez (Cambiemos) le envió a la fiscala de Instrucción Adriana Giannoni, a cargo de la pesquisa, una nómina de cinco personas que presuntamente ofrecían la posibilidad de ser adjudicatario de una casa a cambio de una suma de dinero.

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