26 Enero 2018
BARRIO BARRANCAS DEL SALÍ. En una vivienda, efectivos policiales secuestraron documentación; no hallaron a nadie.
Allanamientos en distintas partes de la capital. Una decena de órdenes de detención. Denuncias y más denuncias que se acumulan en los tribunales. Sin embargo, Elizabeth Alzogaray, la principal sospechosa por el escándalo de los falsos gestores del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), sigue sin aparecer.
El fiscal de feria, Diego López Ávila, confirmó las medidas tomadas ayer, en el marco de una causa que hasta el momento tiene más de 200 posibles damnificados.
Con la autorización del juez de feria, Juan Francisco Pisa, la Policía realizó 10 operativos en propiedades de los presuntos involucrados en la maniobra. Así, según el informe oficial, los uniformados detuvieron a tres sospechosas, identificadas como María Esther Soraire, Marta Elena Campos y Adela Aydeé Bustos. A ellas se suma otra mujer, cuyo nombre es Alejandra, que había sido arrestada el miércoles en pleno centro.
Una de las hipótesis es que las detenidas eran algunas de las encargadas de “reclutar” a interesados en acceder a una vivienda social en barrios edificados por el Estado en Manantial Sur (capital), Lomas de Tafí y Yerba Buena.
En los allanamientos, los investigadores se incautaron de decenas de carpetas con documentación perteneciente a quienes habrían pagado desde $4.000 para asegurarse un cupo del Ipvdu. Además, secuestraron celulares, computadoras y pen-drives, que serán sometidos a pericias. También están previstos entrecruzamientos de llamadas. Una de las tareas pendientes es vincular las evidencias obtenidas con los sospechosos.
El fiscal de feria sigue tras los pasos de Alzogaray, quien -según las denuncias- sería la encargada de la presunta organización. La presidenta de la cooperativa de trabajo “Nuevo Amanecer”, habilitada desde 2015 para la construcción de módulos habitacionales, se puso a disposición de la Justicia penal la semana pasada, cuando estalló el escándalo de los falsos gestores. De todas formas, los policías no pudieron encontrarla ayer.
Además, fueron autorizadas por el juez de feria las órdenes de detención en contra de Luis Ernesto Ramallo, Emmanuel Ramallo, Anabel Jiménez, César Antonio Zurita y Analía del Valle González.
Uno de los puntos centrales a dilucidar es si alguno de ellos tenía vínculos dentro del Ipvdu.
La interventora de la repartición, Noemí Ferrioli, confirmó que todavía están recibiendo denuncias -casi todas mencionan a Alzogaray y están siendo giradas a la fiscalía de feria-. Como aún no surgieron nombres de funcionarios o empleados del Ipvdu que puedan estar vinculados al caso, por ahora no se abrieron sumarios internos.
Más expedientes
Durante 2017, en Panorama Tucumano, el ciclo de LA GACETA TV, se publicaron informes sobre las presuntas irregularidades en el Instituto Provincial de la Vivienda.
Entre las aparentes anomalías detectadas figuran supuestas adjudicaciones de obras a empresas constructoras pertenecientes a familiares de funcionarios de la repartición, como fue el caso de Lucas Barrionuevo, cuyos sobrinos políticos son dueños de la firma Maran Constructora SRL.
Las publicaciones derivaron en la apertura de una causa de oficio por parte de la fiscala de Instrucción de la VIII Nominación, Adriana Giannoni. En el marco de este expediente, la magistrada obtuvo información según la cual el hoy ex funcionario del Ipvdu, Miguel Jiménez Augier, tenía 500.000 dólares en una caja de seguridad a su nombre. Luego de este escándalo, el gobernador Juan Luis Manzur lo separó de su cargo.
En este contexto, el Ipvdu cambió de conducción. Tras el fallecimiento del ex interventor, Gustavo Durán, asumió quien lo secundaba, la abogada Ferrioli.
La semana pasada, el Instituto de la Vivienda alertó públicamente sobre la existencia de falsos gestores de casas sociales. En cuestión de horas, el escándalo estalló.
Hasta ahora se desconoce el número de afectados por esta maniobra. No se descarta que la causa tramitada por López Ávila, caratulada como estafa, sea acumulada tras la feria con las investigaciones que lleva adelante Giannoni.
Según denunciantes, los supuestos vínculos de los cuales presumía Alzogaray fueron decisivos para convencerlos de pagar desde $4.000 para que los ubicaran como beneficiarios del Ipvdu. Los relatos coinciden en que una vez que se entregaba el dinero -algunos dicen haber aportado $100.000- se los incorporaba a un grupo de WhatsApp titulado “Nuestro Sueño”. Al parecer, había varios grupos -cada uno con cientos de personas-, y ante las sucesivas postergaciones de la entrega de casas en Manantial Sur y Lomas de Tafí, estalló el virulento reclamo en contra de los “coordinadores”.
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