Las ternas de aspirantes a juez que el Gobierno quiere devolver costaron al menos $ 1,4 millón

La pretensión del Gobierno de Juan Manzur de devolver ternas de aspirantes a juez al Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) afecta el funcionamiento de los Tribunales, pero también a las arcas públicas. Ocurre que los dos tercetos que el Poder Ejecutivo considera irresolubles costaron al menos $ 1,4 millón al erario, alrededor de $ 700.000 cada uno. Esa cifra aproximada surge del presupuesto de $ 77 millones ($ 30 millones corresponden a la obra de la sede) asignado para este año al CAM, órgano encargado de preseleccionar jueces mediante la sustanciación de concursos de antecedentes y de oposición.

En el presente, en el Consejo tramitan 46 procesos. Cada uno de ellos demanda desembolsos en publicidad (avisos de convocatoria, de inscriptos y del orden de mérito definitivo); honorarios, viajes y viáticos de los jurados; refrigerios y gastos de oficina (alquiler de la sede, servicios, papelería, mobiliario, etcétera). Sólo en estos conceptos, el Estado eroga alrededor de $ 200.000 por concurso. A esa suma hay que añadir el trabajo del personal del CAM, cuya planta está compuesta por 51 empleados y funcionarios. De estos, nueve prestan servicios en la Escuela Judicial. Los otros 42 llevan adelante los procesos de preselección de jueces (más de la mitad son asesores de los consejeros titulares y suplentes). Si se restan los fondos destinados al pago del staff de la Escuela, resulta que cada proceso demanda alrededor de $ 500.000 en recursos humanos. Si se añade este rubro al anterior (costos no laborales), la suma da $ 700.000. Se trata de un cálculo conservador y redondeado, que no considera la paritaria de este año y la circunstancia de que algunos concursos deben ser llamados más de una vez por el hecho de que quedan desiertos.

La posibilidad de devolver ternas no está regulada y nunca hubo una situación de este tipo en la historia del CAM fundado en 2009. La Constitución de Tucumán estatuye que el dictamen (una lista con tres nombres) es vinculante para el Poder Ejecutivo: la ley específica ordena agotar las opciones de ternados hasta conseguir la aprobación legislativa. Aún así, Regino Amado, ministro de Gobierno y Justicia, anunció este lunes que Manzur iba a concretar las designaciones pendientes en marzo, con la excepción de dos ternas (Fiscalías de Instrucción en lo Penal de esta capital) que, según el funcionario, no pueden ser resueltas porque los nombres se repiten. “Devolveremos esas propuestas”, había dicho Amado.

El anuncio intensifica una coyuntura institucional compleja. La alternativa generó inquietud entre los aspirantes y en el propio CAM, donde no hay certeza sobre cómo reaccionar ante esta situación inédita, que coincide con la circunstancia de que uno de cada cuatro despachos están vacantes. Frente a ese panorama, dos legisladores opositores reflotaron la idea de recuperar los concursos múltiples (se informa por separado). Escasean los jueces por la falta de designaciones (Manzur acumula nueve ternas pendientes de definición); la existencia de 46 acefalías y la decisión de 30 magistrados de iniciar los trámites para jubilarse. La situación de la Justicia de Paz es todavía más delicada.