Seis nuevos jueces provinciales jurarán el viernes 13 de abril

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán puso fecha al juramento de los últimos seis jueces nombrados por el Poder Ejecutivo: 13 de abril. Ese día asumirán en sus respectivos cargos los magistrados Facundo Maggio, María del Rosario Arias, Leonardo Andrés Toscano, Mariela Viviana Donaire, Tomás Ramón Vicente Alba y Carlos Rubén Molina.

Los concursantes designados habían recibido el acuerdo de la Legislatura el 15 de marzo por unanimidad, con la excepción de Maggio, cuyo nombramiento fue aprobado con 32 votos a favor y 13 en contra (hubo dos abstenciones y dos ausencias). Ese abogado se hará cargo del Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº2 que estaba vacante desde 2012, cuando falleció la anterior titular, Emma De Nucci. Arias, por su parte, irá al Juzgado en Documentos y Locaciones Nº1 mientras que Toscano hará lo propio respecto del Juzgado del Trabajo Nº6. Esos tres despachos pertenecen al centro judicial de San Miguel de Tucumán. Los restantes corresponden a Concepción: Donaire jurará como titular del Juzgado de Familia y Sucesiones; Alba como titular del Juzgado del Trabajo y Molina como titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Común.

En esta tanda de nombramientos, el gobernador Juan Manzur se inclinó por los ganadores de los concursos sólo en los casos de la funcionaria judicial Arias y del abogado Alba. El letrado Maggio estaba segundo mientras que la funcionaria Donaire y los profesionales Molina y Toscano cerraban sus respectivos tercetos.

Manzur se había comprometido en diciembre a nombrar jueces luego de sucesivos pedidos extraoficiales y hasta de una acordada de la Corte que lo instaba a proceder. Por el contexto crítico de la escasez de magistrados, el Colegio de Abogados de la Capital había iniciado una acción de amparo para que el alto tribunal provincial fijara un plazo razonable al Poder Ejecutivo en cuanto a la resolución de la cobertura de las vacantes judiciales (la ley no establece plazos para definir las ternas confeccionadas por el Consejo Asesor de la Magistratura). En febrero y con la invocación de una situación excepcional de emergencia, el Consejo habilitó al Gobierno a nombrar jueces subrogantes o precarios externos, que carecen de estabilidad (este atributo y la intangibilidad de los salarios son garantías de la independencia, según la Constitución Nacional).

En el presente, Manzur dispone de listas de concursantes para cubrir transitoriamente tres defensorías públicas en Concepción (una de Menores) y cuatro ternas para designar jueces en propiedad o vitalicios, que permanecen en el cargo mientras dura su buena conducta. De esos tercetos, tres ingresaron en junio de 2017 y corresponden a las nuevas fiscalías de Instrucción en lo Penal de la capital. El Gobierno anunció, vía el ministro Regino Amado, que pretendía devolver esas ternas al CAM con el argumento de que los nombres se repetían. Esta situación no había ocurrido nunca y el reintegro no está previsto en la legislación, que ordena agotar los nombres contenidos en las ternas, cosa que tampoco sucedió en estos supuestos. Si bien Amado había dicho que aguardaba que la Legislatura habilitara la devolución, en los últimos días trascendió que el Poder Ejecutivo estaba revisando su postura al menos respecto de uno de los tercetos para el Ministerio Público Fiscal que encabeza Edmundo Jiménez.