Tucumán adhiere al régimen nacional de control de beneficiarios de viviendas

El Estado provincial aceptó someter a los beneficiarios de viviendas de interés social construidas en su territorio a los controles implementados por el Gobierno del presidente Mauricio Macri mediante el Ministerio del Interior que encabeza Rogelio Frigerio. Esta adhesión consta en la Resolución 1.140/18 que suscribió Noemí Ferrioli, interventora del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu o IPV). La decisión, además, elimina la facultad establecida en 1995 que permitía entregar un porcentaje de casas en forma discrecional.

La incorporación al Sistema de Gestión de Beneficiarios (Sigebe) creado durante la gestión del ex secretario Domingo Amaya (hoy subsecretario) dará lugar al entrecruzamiento de datos con diferentes instituciones públicas, como la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Se supone que ello permitirá detectar casos de incumplimiento de los requisitos del Fondo Nacional de la Vivienda y evitar el clientelismo.

La interventora del IPV se autolimita y elimina la entrega discrecional de casas

Si bien la adhesión al Sigebe era optativa para las provincias, el ministro nacional Frigerio había anunciado en marzo, en San Juan, que la financiación de proyectos en el país iba a quedar supeditada a la fiscalización nacional de los adjudicatarios -$ 31.000 millones serán destinados a este rubro durante 2018-. Antes, Iván Kerr, sucesor del tucumano Amaya en Vivienda y Hábitat, había precisado, luego de una reunión con Ferrioli, que del cumplimiento de los requisitos de transparencia dependía la posibilidad de construir 600 casas proyectadas para Tucumán. Frigerio y Kerr enfatizaron la intención de que las viviendas de interés social sean entregadas “a quienes realmente las necesitan”: los sectores de ingresos más bajos (hogares cuyos titulares perciben dos salarios mínimos o menos). El control nacional de los beneficiarios fue presentado como una respuesta a las irregularidades detectadas en la entrega de casas financiadas por el Estado en Tucumán, Jujuy y San Juan, entre otras jurisdicciones.