Velázquez: “la propia realidad impone condiciones a la reforma judicial”

Mario Velázquez tiene una sugerencia para quienes estén interesados en conocer las posibilidades reales de transformar la Justicia penal de Tucumán. “Hay que mirar la realidad”, dice y ofrece el ejemplo de los Tribunales de Monteros a los que él se integró al momento de su apertura como su primer magistrado. De esa experiencia inaugurada en 2005 se desprende que toda reforma judicial lleva años. En su condición de juez de Instrucción en lo Penal y de Menores, y de encargado de la administración del centro judicial ubicado en la ciudad del sur, Velázquez insiste en el factor tiempo a propósito de las expectativas depositadas en el Código Procesal Penal sancionado en 2016, digesto que la Legislatura ordenó aplicar en toda la provincia a partir de febrero de 2019. “No diría que llegar a ese plazo es una fantasía, pero sí que necesitamos diseños estratégicos de largo plazo”, postula.

En una entrevista desarrollada en su oficina, el juez comenta que en poco más de 12 años los Tribunales de Monteros pasaron de consistir en cuatro despachos a convertirse en una estructura que alberga tres fiscalías, dos juzgados (el otro es de Familia) y dos defensorías. Además, hay tres unidades jurisdiccionales adicionales en proceso de instalación. En el plazo transcurrido incorporaron cuerpos auxiliares y contruyeron con sus propios recursos la primera cámara gesell de Tucumán.

“La razón de ser de este servicio es la gente. Trazamos la idea de proyectarnos para ampliar el acceso a la justicia de los 170.000 habitantes que dependen del centro judicial de Monteros”, afirma Velázquez. Y subraya que este crecimiento fue posible gracias a un conjunto de gestiones, decisiones y previsiones presupuestarias. La primera ampliación edilicia empezó a gestarse en 2015 y recién concluyó en enero de 2018.

El interrogante es si la provincia está preparada para el cambio procesal penal en discusión desde 2012, cuestión que los jueces, entre ellos Velázquez, discutieron este miércoles en una reunión con Daniel Posse (presidente) y Claudia Sbdar, vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (se informa por separado). “Los códigos modernos tienen muchas ventajas pero también cosas que la sociedad debe conocer. Aplicar un proceso penal con las características del que sancionó la Legislatura (en 2016) exige contar con un actor nuevo, el Ministerio Público de la Defensa, que al día de hoy no tenemos”, observa. Y añade que, en general, en Tucumán no hay un problema de leyes sino de formación y de operación. También de niveles inmensos de conflictividad. Velázquez manifiesta que, además, algunos sectores políticos creen que la inseguridad debe ser resuelta mediante la aplicación del Código Penal. “Aquí entramos en otro problema porque la ley penal aparece cuando fracasó todo lo demás. El Derecho Penal procesa, en general, a gente que está afuera del sistema. La ciudadanía tolera lo que jamás toleraría si fuese ‘clienta’ de este mercado”, opina.

Dice Velázquez que hay que hacerse cargo de que nadie pensó ni miró a la defensa de derechos que brinda el Estado y que una muestra de ello es que en Concepción sólo funciona una Defensoría Oficial. “¿Se puede aplicar así un sistema que postula la igualdad de armas entre acusación y defensa? La respuesta es obvia: ‘no’”, define. Y agrega que tampoco existen aún los fiscales regionales, con ocho años de mandato prorrogable, que son los que, según la ley, deben investigar a los funcionarios públicos tucumanos con fueros.

Velázquez enumera las tareas pendientes hasta febrero de 2019 (faltan 292 días) y recuerda que muchas de ellas están más allá de la voluntad de los Tribunales, como la edificación de cárceles dignas. Y aprovecha para rechazar que la resistencia interna y la comodidad de los magistrados impidan el cambio. “Desde 2005 estoy de guardia en forma permanente. Nunca me enfermé ni dejé de ir a trabajar por cuestiones personales. Una encuesta reciente indica que los profesionales que litigan en Monteros están satisfechos con el servicio que reciben. Y una auditoría dice que mi juzgado respeta los plazos procesales”, responde. El juez afirma que, al igual que sus pares, espera poner en marcha el nuevo código, pero advierte: “es la propia realidad la que impone mirar las condiciones disponibles y las que necesitamos”.