Adhesión y reproches a la gestión nacional

Los legisladores cumplieron con un pedido de la Nación: la Provincia adhirió por unanimidad a la Ley de Responsabilidad Fiscal promovida por el macrismo.

El tratamiento de la sanción de una ley provincial en concordancia a la norma nacional no tuvo debate en la sesión de ayer en la Legislatura: sólo presentó el proyecto el oficialista José Antonio Ruiz Olivares, presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, antes de su aprobación.

La Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno es una norma complementaria a la Ley nacional de Consenso Fiscal. Entre otros puntos, apunta a reducir el déficit; mantener la planta de empleados estatales respecto a diciembre de 2017; la creación de fondos anticíclicos (partidas de emergencia con los ahorros acumulados); restringir el incremento del gasto durante los últimos seis meses de gestión de cada gobierno y a no aumentar la presión impositiva.

“A pesar de lo que marca la ley nacional, la Provincia aumentó su presupuesto por debajo de las pautas inflacionarias, pasando de un presupuesto de 2017 de $ 54.500 millones a uno de $ 67.500 para este año. Es un incremento del 17,39%, cuando la inflación mal medida rondó el 25%. Mal que les pese a muchos, Tucumán es una de las provincias más ordenadas del país”, sostuvo el monterizo.

El legislador peronista destacó que la Provincia no tomó crédito ni tiene déficit, en contraposición con la política nacional: “Acá se nos viene el dicho ‘haz lo que digo pero no lo que yo hago’. Me refiero al endeudamiento salvaje que lleva adelante el Gobierno nacional cuando hace leyes para intentar frenar el endeudamiento de las provincias. Como será que el Banco Central salió con $ 1.417 millones de dólares para frenar la escalada del dólar y se subieron los intereses de los Lebacs”. Ruiz Olivares profundizó la explicación de la situación económica nombrando diferentes índices, y levantó el tono al final de su discurso. “La Nación paga $1.100 millones diarios de intereses, son $ 47 millones por hora. Imagínense la cantidad de viviendas que se harían. Al margen de eso, nos adherimos con gusto”, finalizó.

En el recinto

El parque 9 de Julio, más chico.- Los legisladores aprobaron ayer la cesión de un terreno del parque 9 de Julio para anexar al predio del club de rugby Cardenales. La iniciativa, del radical Ariel García, desafectó esa porción del parque de la protección del Gobierno provincial, para poder transferir en donación al club. “Es un predio abandonado donde había una antena de telefonía, forma parte de una zona descuidada por la Municipalidad”, justificó el proyecto el radical.

Un decreto sin tratar.- El legislador José María Canelada solicitó sobre el final de la sesión el tratamiento sobre tablas del Decreto de Necesidad y Urgencia del gobernador, Juan Manzur, para llevar a $ 850.000 el tope de las compras sin licitación de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. Requería dos tercios de los votos, pero apenas cosechó seis (todos de la oposición). El lunes, en la comisión de Labor Parlamentaria, los jefes de los bloques políticos habían acordado el orden del día para la sesión de ayer. En el listado aparecía el tratamiento del DNU. A pesar del acuerdo parlamentario, el instrumento que giró Manzur el 26 de marzo no figuró en el temario. Según el oficialismo, el DNU quedó firme en la semana porque transcurrieron 20 días hábiles sin que sea debatido por el cuerpo legislativo y, por disposición constitucional, ya tiene fuerza de ley provincial. “El conteo de los días hábiles todavía habilitaba el tratamiento en sesión, es un error gravísimo”, lamentó Canelada.