28 Abril 2018
CRISTÓBAL LÓPEZ. El empresario, durante una visita a Tribunales previa a su primera detención. ARCHIVO
Cristóbal López y Fabián de Sousa ya están en la cárcel. Durante la madrugada fueron trasladados desde el edificio Centinela (de Gendarmería) a los penales de Ezeiza y Marcos Paz respectivamente.
La detención de los acusados fue ordenada ayer por los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, de la sala I de la Cámara de Casación. López se entregó y fue conducido con su abogado, Carlos Beraldi, en un auto de la Gendarmería Nacional al edificio Centinela, en Retiro. Pasada la medianoche, fue enviado al penal de Ezeiza, en donde ya estuvo durante el mes de diciembre.
El fallo de Casación revocó la resolución que había dictado la Cámara Federal porteña, que el 16 de marzo pasado dispuso la liberación de los empresarios y el cambio de carátula del expediente por el que habían sido detenidos, detalló la agencia Télam.
Los jueces de Casación ordenaron la "inmediata detención" de los empresarios acusados y dispusieron "remitir con carácter urgente las presentes actuaciones al Tribunal a quo para que, por quien corresponda, se haga efectiva".
En un fallo de 148 páginas, los magistrados dispusieron que los empresarios y el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, vuelvan a ser investigados por "defraudación al Estado" y no por "apropiación indebida de recurso", contra lo que había decidido la Cámara Federal.
Los imputados están acusados de haber realizado una maniobra para desviar millonarias sumas de dinero que la empresa Oil Combustibles S.A. debía entregar a la AFIP en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos, utilizándolas para financiar al conglomerado empresario denominado "Grupo Indalo".
Los empresarios habían sido detenidos por primera vez el 20 de diciembre del 2017 por orden del juez Julián Ercolini, que entendió que el intento de venta del Grupo Indalo a un fondo de inversión tenía por objetivo eludir la inhibición de bienes dispuesta por la Justicia.
En su defensa, los empresarios López y De Sousa siempre argumentaron que no tuvieron la intención de eludir la inhibición que pesaba sobre sus bienes y que por eso consultaron al juez sobre la posibilidad de llevar a cabo la venta del grupo de empresas.
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