Posse pide a Manzur que nombre al jefe de la Defensa

El gobernador Juan Manzur sabe desde el 21 de febrero de 2017 que debe nombrar al primer ministro de la Defensa: ese día promulgó la ley que dividió al Ministerio Público en un órgano para acusar y otro para defender, y emancipó a los órganos resultantes de los controles que ejercía la Corte Suprema de Justicia de Tucumán sobre el personal y el presupuesto. Daniel Posse, titular del alto tribunal, recordó al Gobierno que todavía adeuda esta designación mediante una nota que firmó ayer (la institución acéfala sigue a cargo del ministro fiscal, Edmundo Jiménez, como ocurría antes de la separación). “Quiero volver a solicitar al gobernador que designe a los jueces ordinarios y de Paz, y al superior de los defensores. Voy a pedirle una audiencia con ese fin”, explicó.

Aunque la petición de coberturas de vacantes judiciales se ha convertido en un acto de rutina, Posse enfatizó que el jefe de la Defensa es decisivo para el funcionamiento adecuado del Código Procesal Penal sancionado en 2016 (el mes pasado, la Legislatura pospuso por segunda vez el debut de ese digesto y fijó la meta de febrero). El presidente de la Corte materializó el envío de la nota al Poder Ejecutivo al día siguiente de celebrar una reunión con jueces penales de todos los centros judiciales. Es un paso más porque ya había pedido informalmente al Gobierno que tomara una decisión. En la Acordada 275 del 4 de abril que declaró que no estaban dadas las condiciones para implementar el nuevo código, el vocal Antonio Gandur había señalado en su voto que faltaba “este protagonista imprescindible”.

“El nombramiento del superior de los defensores oficiales está pendiente desde hace tiempo. Sin él, no podemos avanzar”, comentó Posse en una conversación telefónica. Y expresó que la Defensa era uno de los vértices del régimen renovado y que había que colocarla al mismo nivel que el Ministerio Público Fiscal encargado de acusar. “El jefe de los defensores del Estado tendrá que armar su institución de cero. Necesitamos que este proceso, que ya está demorado, empiece cuanto antes. Hoy es el punto más débil del sistema”, apuntó.

La Defensa ha de funcionar como un gran estudio jurídico sustentado por el Estado: su tarea es contrapesar la labor de los fiscales encabezados por Jiménez y, por ello, debe tener un jefe diferente. Se denomina “Ministerio Público” porque representa el interés de la sociedad en que los autores de hechos ilícitos sean condenados mediante un proceso ajustado a las garantías constitucionales. En términos jerárquicos y salariales, el ministro de la Defensa está asimilado a un vocal de la Corte. La ley de hecho dispone que el nombramiento de ese funcionario procede por el mismo mecanismo discrecional aplicado para escoger a las máximas autoridades judiciales -es decir, sin concurso-. Manzur ha de elegir un abogado con 15 años de antigüedad en la profesión libre, la magistratura o la secretaría judicial, que acredite ciudadanía en ejercicio, domicilio en la provincia y al menos cuatro décadas de edad. El letrado elegido debe recibir el acuerdo de la Legislatura.

Aunque en el oficialismo sobran los candidatos en condiciones -y con pretensiones- de convertirse en el primer ministro público de la Defensa de la provincia, el Poder Ejecutivo no dio señales sobre qué hará al respecto. El 11 de abril, Regino Amado, ministro de Gobierno y Justicia, había indicado que no tenía novedades sobre esta designación y optado por no arriesgar plazos. Sí había prometido nombramientos de jueces ordinarios para mediados de abril, pero eso no sucedió. El Poder Ejecutivo no designa jueces de Paz desde 2013.

Catarsis con ideas

Las dificultades que plantea el cambio de Código Procesal, y las estadísticas oficiales que revelan que la Justicia penal abrió 100.000 causas y terminó 265 con juicio oral durante 2017 fueron el telón de fondo de la reunión que Posse mantuvo este miércoles con los jueces del fuero de la provincia. Se trata del segundo encuentro de este tipo celebrado desde la decisión de prorrogar por segunda vez la entrada en vigencia del nuevo régimen de persecución del delito.

“Todavía seguimos en una suerte de catarsis porque realmente nunca nos habíamos sentado a conversar entre todos sobre la situación de la Justicia penal. Es muy positivo lo que está pasando. De a poco van saliendo algunas ideas concretas. Por ejemplo, hay un pedido para chequear cuántas causas deberán seguir siendo tramitadas con el código actual cuando comience a regir el nuevo”, manifestó Posse. El presidente del alto tribunal expresó que ese estudio permitirá determinar con mayor precisión cuántos magistrados, fiscales y defensores oficiales harán falta para atender los casos residuales, y cuántos para ocuparse del sistema renovado. En su momento, Posse había calculado que necesitaban 80 cargos más. El miércoles también debatieron sobre potenciales miembros suplentes para la comisión de implementación que activará la Corte. Los jueces sugirieron nombres, pero no hubo definición.