04 Mayo 2018
Luego de dos semanas de invitaciones y chicanas entre los concejales para realizarse exámenes toxicológicos, los ediles aprobaron ayer una ordenanza que regula los estudios para la detección de drogas ilegales en funcionarios y representantes vecinales de la capital.
“Pedimos informes con asesores del cuerpo, con expertos en toxicología y con constitucionalistas, para hacer una norma que no pudiera cuestionarse legalmente”, explicó Sandra Manzone, quien trató el expediente cuando presidió la comisión de Peticiones y Poderes, y que la semana pasada participó del análisis del proyecto en Salud. “No se ataca la intimidad ni el fuero íntimo de las personas que son funcionarios públicos”, justificó.
La norma sancionada obliga a los funcionarios (desde el intendente hasta los directores) y a los concejales a realizarse cada cuatro meses estudios de detección de drogas en orina. En caso de un resultado positivo, tras repetir la prueba, se procederá a la suspensión con licencia especial hasta que se aborde la recuperación de la adicción.
“A pesar de que tiene vicios de inconstitucionalidad creemos que debemos acompañar porque es un gesto”, explicó el peronista David Mizrahi. Durante el debate, los aliados a la intendencia divulgaron los resultados del análisis que se realizaron hace una semana.
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Sandra Manzone
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