Ballestero, un juez millonario que deja Comodoro Py

Nada queda de la mayoría de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones que el 16 de marzo benefició a los empresarios kirchneristas Cristóbal López y Fabián De Sousa al disponer su liberación, y un cambio de carátula que transformaba una supuesta maniobra compleja de fraude en perjuicio del Estado de $ 8.000 millones en una mera evasión tributaria. Aislado de los Tribunales Federales porteños por una licencia médica, Jorge Ballestero formalizó ayer su alejamiento del tribunal. Su compañero en la resolución favorable a López y a De Sousa, Eduardo Farah, tampoco forma parte ya de la Cámara Federal: a finales del mes pasado, el Consejo de la Magistratura aprobó su traslado al Tribunal Oral Federal en lo Penal Económico Nº 1, donde se supone que podrá transitar sin sobresaltos lo que le resta de carrera.

Ballestero, de 62 años, dio un paso al costado; Farah salió del centro de la exposición, y López y De Sousa volvieron a la cárcel el 27 de abril por orden de la Cámara Federal de Casación Penal, que también dejó de lado la modificación del rumbo de la investigación. El proceso penal volvió así a encaminarse hacia el juzgamiento de la defraudación que los dueños de Oil Combustibles habrían cometido con la presunta connivencia de Ricardo Echegaray, entonces jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).

La renuncia del ex magistrado Norberto Oyarbide y, luego, la destitución de Eduardo Freiler, también ex integrante de la Sala I de la Cámara Federal, dejaron a Ballestero como blanco favorito del reproche de falta de independencia que persigue a Comodoro Py desde hace décadas, pero que se intensificó con el acceso de Cambiemos a la Casa Rosada. “Pati”, como le dicen en su entorno, había llegado al Juzgado Federal Nº2 de Comodoro Py de la mano de una designación discrecional del ex presidente Carlos Menem. En 2008, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo ascendió, previo concurso, a camarista de la Sala I. Al igual que muchos de sus pares, su carrera llamó la atención tanto por la relación armoniosa con el oficialismo como por la capacidad de ubicar a familiares y amigos en la Justicia.

Del mismo modo que Norberto Oyarbide, Ballestero hizo uso de la puerta de salida que provee la jubilación con el beneficio del 82% móvil. El Gobierno de Mauricio Macri anticipó que aceptará una dimisión que le permitirá cubrir otra silla en un tribunal de importancia decisiva para el control de las pesquisas penales. Por algo Ballestero, Farah (subrogante) y Freiler se hicieron célebres: eran conocidos como integrantes de “la sala kirchnerista”. Este estrado desestimó la denuncia contra los impulsores del memorándum con Irán que, antes de morir en circunstancias no esclarecidas, dedujo el fiscal Alberto Nisman, y desplazó al juez Claudio Bonadio de la causa “Hotesur”, que involucra a los Kirchner. Ambas sentencias fueron, a posteriori, revocadas por tribunales superiores.

No sólo compartían posiciones afines al poder en las causas de corrupción, sino también caudales abultados. Freiler, el juez más rico de Comodoro Py, fue expulsado por no poder explicar la evolución de sus bienes. Tras su partida, Ballestero lo sustituyó en el ranking de riqueza: su patrimonio declarado se triplicó entre 2015 y 2016, y alcanzó los $ 12,2 millones. Este incremento tomó volumen después de la excarcelación de López y De Sousa, cuando la diputada oficialista Elisa Carrió pidió al Consejo de la Magistratura que investigara un posible enriquecimiento indebido. La denuncia ha de ser archivada por el abandono de la función jurisdiccional y porque ya no hay magistrado pasible de destitución, pero nada impide que el ex juez sea llamado a rendir cuentas en sede judicial, como un ciudadano más. Este es el presente que afronta Freiler, con quien Ballestero tiene todo un pasado en común.