“No vemos que el Gobierno colabore con la cobertura de vacantes judiciales”, dice Estofán

Al asumir la presidencia del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), Antonio Estofán había pedido ayuda a la prensa para preservar la institución. En sintonía con esa petición, el vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán dedicó una hora del jueves pasado a contestar los interrogantes que generó el primer semestre de su gestión. “La frase no es mía, pero siempre la repito. Hay que sembrar transparencia para generar confianza”, recordó al despedirse en el umbral de su despacho. Antes había admitido que la escasez de jueces se mantiene, pese a todo lo que se ha dicho y hecho al respecto. “No vemos que el Gobierno colabore con la cobertura de vacantes judiciales”, observó.

Aunque ya inició los trámites para jubilarse, Estofán no está dispuesto a marcharse. Los muchos frentes que aún tiene abiertos postergan su pase al sector pasivo. Hoy conduce un órgano esencial para la provincia: el encargado de preseleccionar a jueces, fiscales y defensores oficiales a partir de concursos públicos de antecedentes y de oposición. Pero el expediente de Estofán en la Anses preanuncia el comienzo de otra etapa. Una puerta abierta en tiempos revueltos para la función judicial.

Como prueba de su apetito por la acción, en medio de la entrevista Estofán se comunicó con la secretaria del CAM, Sofía Nacul, y le transfirió una pregunta de LA GACETA: “¿por qué no están publicadas las resoluciones de presidencia en el portal institucional? Hablemos de esto, por favor”. Las decisiones del jefe del Consejo dejaron de ser expuestas en 2016. Estofán explicó que llevaba tiempo sin entrar en la web, pero que se iba a ocupar de ponerla al día. “Hay que subir todas las resoluciones”, afirmó.

De su experiencia breve como titular del Consejo, rescató el hecho de que, en general, tiene el respaldo y acompañamiento de los consejeros. Y eso que hizo movimientos. Por ejemplo, se ve que se acabó la época de las giras oficiales en grupo. Ahora, cuando hace falta, se traslada él o una autoridad en su lugar. Y ya anticipó que quiere dar un vuelco a la Escuela Judicial del CAM para que capacite a los magistrados y no sólo a los aspirantes, como sucede en el presente. Es una idea que trajo de un viaje reciente a Estados Unidos. “Me interesa más la formación de los jueces porque ellos, por sí solos, no la hacen. Les da vergüenza. Por eso hay que transformarla en un deber”, opinó.

-¿Por qué tomaron la decisión de aumentar los honorarios del jurado de los concursos? (En abril, los consejeros añadieron sumas fijas y llevaron la máxima retribución a $ 60.700)

-Hemos considerado la inflación y la devaluación de la moneda. La cifra máxima ($ 60.700) es para casos excepcionales (procesos que superan los 80 exámenes). En realidad, cuando asumí los jurados ya eran remunerados. Lo que me queda a mí es actualizar los montos en forma razonable.

-¿Es correcto que el estamento de jueces cobre retribuciones por evaluar a los aspirantes a la judicatura? ¿No sería una carga pública inherente a su función? (Los jurados provienen de la magistratura, la academia y la abogacía)

-Evaluar a los concursantes no es una actividad inherente a la magistratura. Está establecido así y, si cobran algunos, deben hacerlo todos. Tiene que ser parejito.

-El Consejo que usted preside dejó de decodificar los exámenes, es decir, de quitarles el anonimato, en la sesión pública. Este paso previo a la confección del orden de mérito provisorio venía practicándose a puertas abiertas desde los orígenes de la institución. ¿Por qué cambiaron el criterio?

-No, no, la decodificación se hace antes (de la sesión), en presencia de los miembros del CAM. No recuerdo bien por qué optamos por esta modificación, pero entiendo que fue en aras de la celeridad. Mi intención es acelerar los trámites del concurso sin perder transparencia. Aclaro que yo no voy a la decodificación de las pruebas ni a las pruebas, y que entiendo que porque haya diez o 20 personas más o menos (observando el procedimiento de decodificación) no se sacrifica la transparencia. Todo el mundo luego puede solicitar el orden de mérito provisorio. Lo que no quiero es perder tiempo en la sesión. Por eso también instauramos la reunión previa de los consejeros, que es para discutir y preparar algunos temas ríspidos del orden del día.

-Antes, cuando había impugnaciones a la corrección del examen, los consejeros corrían vista automáticamente a los evaluadores para que se expidan. Ustedes modificaron esa pauta y comenzaron a revisar las calificaciones...

-Yo tengo el criterio de que nosotros tenemos que verificar primero si la impugnación tiene fundamento para determinar si se la reenviamos al jurado o si la definimos nosotros porque la reglamentación es clara en cuanto a qué y cómo se puede cuestionar. Si corro vista siempre (al jurado), pierdo entre un mes y medio, y dos meses. Segundo, el jurado está predispuesto a rechazar las impugnaciones que recibe, salvo casos excepcionales. En principio, nadie borra con el codo lo que escribió con la mano: la naturaleza humana es así. Y también resulta que, del otro lado, los concursantes están siempre predispuestos a impugnar para obtener algunos puntos extra. La verdad es que esta modificación es positiva.

-¿No es peligroso que los consejeros se transformen en jurado del jurado?

-Yo no analizo la impugnación en sí, sino si está de acuerdo con el reglamento. Si el postulante dice que hay arbitrariedad y yo no veo ninguna, ¿para qué le voy a mandar su planteo al jurado?

-Pero ustedes ya aumentaron los puntajes que habían dado los jurados...

-Sí, sí, pero no en los exámenes de oposición. El dictamen del jurado no es vinculante sino orientativo para nosotros. Siempre hay peligros porque no es infalible el doble candadito del anonimato (por reglamento, los evaluadores no deben conocer la identidad de los concursantes a los que corrigen). Si Irene Benito rinde, puede poner un puntito en la prueba para que identifiquen su oposición. Estamos jugando con la buena voluntad y la honorabilidad de todas las partes. Y yo hasta ahora veo que se comportan muy bien.

-Usted impulsa la idea de modificar la ley para duplicar el puntaje previsto para la entrevista con los consejeros (pasaría de 10 a 20 puntos sobre 100; las demás unidades dependen de la calificación de la oposición y de los antecedentes).

-Esa idea ya está aprobada por mayoría en el Consejo. El esquema de puntos actual (establecido en 2009) fue idea mía: en su momento pensaba que la oposición valía más que todo; que los antecedentes servían para desempatar y que la entrevista estaba en tercer lugar. Hoy me doy cuenta de que esto último es lo más importante. El tipo puede tener un mal día y rendir mal. O rendir bien y ser un “perro” o un esquizofrénico. Eso lo sabremos ahora porque incorporaremos el examen psicofísico de los aspirantes que pasen a la entrevista. No será eliminatorio, pero tendremos la información. No es un aumento desmedido de la discrecionalidad.

-¿Consideran la posibilidad de que la prueba sea oral?

-Sí. Lo que pasa es que eso genera problemas porque hay que reunir a todo el jurado (un miembro es de afuera) y es de difícil realización si hay numerosos inscriptos. (El consejero) Fernando Valdez está pidiendo exámenes orales, y yo creo que tendría que existir la opción para una examinación oral y pública, que, además, grabemos.

-¿Qué hará con los nueve magistrados subrogantes o precarios que pidió el presidente de la Corte Suprema, Daniel Posse?

-Quiero ser muy cuidadoso. Hemos probado el esquema de provisorios en tres casos de extrema necesidad, las defensorías de Concepción, mandando los listados al Poder Ejecutivo. Eso sucedió hace más de dos meses y no hubo nombramientos. Estamos acelerando los concursos para coberturas definitivas a los fines de que haya un mínimo de subrogancias.

-¿Por qué cree que el Gobierno se comprometió varias veces a nombrar jueces permanentes y precarios, y sigue sin hacerlo?

-Llamativamente la Legislatura sancionó la ley que fija la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal para el primero de febrero de 2019. Esa norma ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo, lo que implica que está de acuerdo. Pero no vemos que colabore con la cobertura de las vacantes.

-El Gobierno de Juan Manzur tiene tres ternas desde junio de 2017 para fiscalías de Instrucción de la capital que, según el ministro Regino Amado, no definirá hasta que la Legislatura sancione una ley que permita devolverlas y complementarlas. Esto nunca había pasado. ¿Cuál es su postura?

-Ellos armaron las cosas de tal forma que el postulante ternado Pedro Gallo sea el único en condiciones de asumir. Las otras dos ternas volverán porque no tienen a quién poner (los demás candidatos ya fueron nombrados y la Legislatura rechazó el pliego de Luis Amarillo).

-Pero, entonces, pueden cubrir una de las fiscalías con Gallo, como indica la ley.

-Tienen que hacerlo. Nosotros no recibiremos esa terna.

-Última cuestión: generó algún ruido que usted designara como asesor en el CAM a Adolfo Colombres, que es pareja de su hija, María Marta Estofán.

-El asesor tiene que ser alguien de confianza. Él es abogado, profesor universitario y litiga en el fuero penal, que es uno de los temas que más me interesan. No hay ningún problema. Está justificado porque no es personal permanente. Es más, yo me opuse a dar puntaje extra a quienes fueron asesores del CAM y concursen para ser jueces. Es una idea promovida por los abogados del sur. Me parece discriminatoria, pero creo que la aprobarán. Yo defiendo a Adolfo porque está capacitado y se dedica. Es un chango sacrificado, que podría estar trabajando en un gran estudio, pero se la banca solito.