Causa "DAU": en la recta final del juicio, Brito respira por una resolución que dividió al tribunal

Las juezas Freidenberg y Molina rechazaron con sus votos la ampliación de la acusación; Arce se expresó a favor de sumar más casos. Fundaron la negativa en que el fiscal “no especificó la conducta atribuida” al acusado. Se mantiene la acusación inicial. Alegatos

VOCALES. Freidenberg (centro) da lectura al expediente. La presidenta del tribunal coincidió en su voto con Molina (a la derecha de ella). Arce disintió. la gaceta / foto de franco vera VOCALES. Freidenberg (centro) da lectura al expediente. La presidenta del tribunal coincidió en su voto con Molina (a la derecha de ella). Arce disintió. la gaceta / foto de franco vera

Uno de sus defensores le dijo algo al oído. Él rió en silencio, tapándose la cara con disimulo. No lo había hecho nunca en las 13 audiencias de debate anteriores. En esa escena fugaz, en ese instante de distensión, el ex funcionario alperovichista Miguel Ángel Brito evidenció algo de alivio por primera vez desde que se sentó en el banquillo de los acusados.

Minutos antes, al inicio de la jornada de ayer, el ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) había recibido expectante la decisión del tribunal sobre una de las claves del juicio oral y público en su contra.

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La Sala VI de la Cámara Penal desestimó -con un voto en disidencia- el planteo del fiscal de Cámara, Carlos Saltor, para incorporar a la acusación original 31 casos de obras públicas que fueron pagadas por el Estado en la gestión de Brito (2007-2012), pero no habrían sido ejecutadas o no habrían sido finalizadas.

Las juezas Alicia Freidenberg (presidenta) y María Elisa Molina advirtieron que el Ministerio Público Fiscal no había especificado en su pedido “cuál es la conducta atribuida” al ex funcionario en cada uno de esos expedientes. “Lo planteado (por Saltor) no refiere a nuevas circunstancias relacionadas con los hechos traídos a juicio, sino a nuevos hechos a investigar, con una nueva plataforma fáctica; esa investigación no puede ni debe ser efectuada en esta sede, en resguardo de las normas del debido proceso”, señaló Freidenberg. Aclaró que lo contrario “implicaría asumir las funciones” de la fase de instrucción. “(La Fiscalía tampoco) consigna cuáles son las circunstancias que, a su criterio, demuestran que se trata de un delito continuado, (algo) que tampoco fue descripto”, señaló la jueza. Expresó luego que el debate se encuentra en una fase avanzada, y que Saltor efectuó el planteo “pretendiendo hacer ingresar al juicioinadecuadamente casos que merecen su investigación plena”. Así, Freidenberg -con la adhesión de Molina- consideró “notoriamente improcedente” la ampliación del requerimiento fiscal. Advirtió, sin embargo, que Saltor “podrá promover” una pesquisa ante la Fiscalía de Instrucción.

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“Disiento con el voto de las vocales preopinantes”, aseveró la jueza Stella Maris Arce. “El fiscal ha acreditado que se trata de hechos continuados”, indicó. Consideró que las 31 obras públicas presuntamente irregulares en cuestión datan del “mismo espacio de tiempo” que las consignadas en la acusación original. “Por eso, considero que no se violenta el debido proceso, en la medida en que se dé la oportunidad de defenderse (al acusado) y de que ambas partes puedan aportar la prueba de lo que están sosteniendo”, añadió Arce. Destacó además que la Fiscalía de Cámara había cuantificado el daño al erario en unos $2 millones. “Haciendo una interpretación adecuada de la doctrina y de la jurisprudencia que rige este proceso, considero que era el momento oportuno para la ampliación (del requerimiento fiscal)”, resumió Arce. Sólo coincidió con sus colegas en que Saltor podrá impulsar una nueva causa penal por esos hechos.

De esta manera, se mantiene la acusación en contra de Brito por los presuntos delitos de fraude al Estado y de negocios incompatibles con su cargo en la DAU.

Según la investigación, formulada por el fiscal Arnoldo Suasnábar y confirmada en 2014 por la ex jueza Mirta Lenis de Vera, el ex funcionario alperovichista abusó de las características de los contratos directos habilitados por la ley 7.960 y perpetró anomalías en 39 obras públicas tramitadas durante su gestión.

En la mayoría de esos casos, sin embargo, se fueron rectificando las observaciones, gracias a que la DAU -luego de años de demora- aportó los expedientes de cada obra. Por eso, para la Fiscalía de Cámara era clave sumar a la acusación el informe del Tribunal de Cuentas referido a los 31 trabajos pagados y no concluidos. El 6 de junio, Saltor y los defensores Arnaldo Ahumada y María Fernanda Battig darán los alegatos. Brito, tras seis años de proceso, llega a la contienda previa a la sentencia algo más aliviado.

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