Proponen límites al oficialismo en los organismos de control

En materia de diseño institucional, Cambiemos propone cambios en los mecanismos para designar a los miembros del ente regulador de los servicios públicos y del defensor del Pueblo. En el caso del Ersept, el proyecto le quita al Poder Ejecutivo la facultad de designar a los miembros del ente (con acuerdo de la legislatura) y pone en manos de los legisladores y los usuarios la selección. Así, el oficialismo sólo podría nombrar a un miembro, mientras que al segundo lo pone la principal fuerza de oposición y al tercero los usuarios. Además, se elimina una tasa que cobra el Ersept, a fin de abaratar el servicio y evitar que el órgano de control depensa de la recaudación de las empresas que debe fiscalizar.

En el caso del ombudsman, se propone que la terna sea definida por los presidentes de los bloques legislativos opositores. Además, se establecen restricciones, como la prohibición de estar afiliado al partido del gobernador cinco años antes a la designación.

Más coparticipación de impuestos a los municipios

Uno de los asuntos que incorporó el macrismo en su proyecto implica un cambio al régimen de coparticipación a los municipios. Se pretenden que todos los impuestos provinciales sean redistribuidos entre los municipios; y en el caso de la coparticipación federal se eleva el reparto hasta el 21,5%. En cambio, no se altera el reparto entre municipios, ni entre municipios y comunas. Además, el texto agrega a los fondos coparticipables solo el impuesto a los Ingresos Brutos.

En paralelo, la oposición quiere que sí haya anualmente un tratamiento del informe de la Cuenta de Inversión provincial. Puntualmente, se ataca el mecanismo de aprobación ficta de la Cuenta ante el no tratamiento parlamentario. Se propone que el PE deba publicar el documento en la web de la Contaduría de la Provincia, y que en caso de que no sea tratada por la Legislatura, quede automáticamente rechazada (al contrario de lo que actualmente ocurre).

El texto que ingresará hoy a la Legislatura reflota dos asuntos pendientes: la sanción de una nueva Ley de Ética en la Función Pública y la adhesión a la norma que rige el Acceso a la Información Pública.

En esta gestión, que comenzó en octubre de 2015, desde los bloques de la oposición se impulsaron ocho proyectos referidos al acceso a la información estatal. Los opositores proponen la creación de una Agencia estatal que se encargue de responder las inquietudes de ciudadanos y de opositores. En el caso de las normas de ética, la propuesta describe las pautas de comportamiento ético, regula la Declaración Jurada de Bienes de funcionarios, el régimen de Incompatibilidades en la Función y Conflicto de Intereses, y los obsequios a los funcionarios.

Finalmente, se crea la Comisión Provincial de Ética Pública y Anticorrupción, que “se ofrece como un organismo absolutamente independiente, autónomo y autárquico”.