“El derecho a la propiedad particular tiene, como techo, el dominio público”

Benito Garzón vive en Yerba Buena desde 1970. Su casa quedaba en la calle Zavalía 170. Y en esa calle -literalmente- acababa la ciudad. Ese sector, al menos. No había barrio Marti Coll. No había shopping El Portal. No había más que tres o cuatro cuadras a la redonda. Había -en cambio- cañaverales y naranjales. Sus hijos jugaban ahí afuera. Hoy esa infancia bucólica es un lejano pasado. “Han proliferado los barrios, pero nunca ha habido planificación”, dice el abogado, constitucionalista y ex fiscal de Estado.

A sus 80 años, ha sido convocado por el Concejo Deliberante como asesor. La ordenanza con la que se pretende proteger al piedemonte yerbabuenense es discutida por estos días, después de que el intendente, el radical Mariano Campero, vetara el proyecto que él mismo había promovido, al advertir que podría ser considerado inconstitucional. Pero hasta eso, los ediles lo habían aprobado de modo unánime. Y ahora, un sector ha anunciado que rechazará el veto.

- ¿Usted cree que, al prohibir la urbanizaciones, podría afectarse el derecho a la propiedad?

- Si la ordenanza se encuentra debidamente sustentada en estudios científicos, no puede ser tachada por inconstitucional. O considerada lesiva al artículo 17 de la Constitución Nacional, que es el derecho a la propiedad. Si el gobierno cuenta con el suficiente soporte técnico, debe establecer restricciones razonables que garanticen la sustentabilidad.

- ¿Hasta dónde el derecho público prima sobre el privado, o viceversa?

- Hay que partir de la siguiente base: el derecho a la propiedad particular tiene como límite el dominio público. Un bien que ha sido jurídicamente protegido por el Estado no puede, luego, ser motivo de una demanda particular.

- ¿Por qué hace incapié en la importancia de una base teórica?

- Siempre he sostenido, en términos metafóricos, que la Argentina es como un cuerpo que ha sido separado de su cabeza. El cuerpo del país -que es su realidad social, económica y política- está desmembrado de su cerebro -que son las universidades-. En consecuencia, la política no se nutre de las universidades, como sí ocurre en los países desarrollados. Y los académicos, por su parte, trabajan sin conexión con esas realidades.

- ¿Qué considera que le falta a la norma que ha sido vetada?

- Se necesita que los municipios, manteniendo su individualidad, puedan conectarse entre ellos para resolver los problemas que les son comunes. En las mesas intermunicipales está el secreto. Tengo esperanzas, por ejemplo, de que haya intentos de relaciones con los gobernantes de Tafí Viejo.

- ¿Cuál tendría que ser el espíritu de la reglamentación?

- En esencia, todas las investigaciones sobre las sierras de San Javier indican que debe cuidarse ese sector. A Yerba Buena le corresponde una parte muy sensible. Todo el crecimiento debería ser tratado con una extraordinaria visión de control.