03 Julio 2018
El fiscal de Cámara, Carlos Saltor (foto), se marchó ayer de la sede penal de Tribunales con una expresión que dejaba entrever una mixtura de sensaciones. Por supuesto, ninguna de ellas era de satisfacción: el representante del Ministerio Público había pedido una pena de seis años de cárcel y la inhabilitación permanente para el ejercicio de cargos públicos en contra de Miguel Ángel Brito, ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU). El veredicto rechazó su planteo. Pero el voto en disidencia de una de las integrantes del tribunal podría abrir una nueva instancia, esta vez, ante la Corte.
“Todos los días estamos participando en juicios. Hay sentencias que nos conforman y otras que nos dejan una sensación de insatisfacción. En este caso, es lo último. El trabajo fue arduo y profundo. Pero uno respeta los tribunales y sus sentencias. Por eso, para hacer un análisis más profundo, esperaremos los fundamentos. A partir de entonces, vamos a analizar si dejamos firme (el fallo) o avanzamos con un recurso de casación que solicite a la Corte Suprema de la Provincia la revisión (de lo resuelto)”, afirmó el magistrado.
En contramano con la postura mayoritaria de la Sala VI de la Cámara Penal, consideró que Brito sí se benefició con su gestión al frente de la DAU. “Se ha demostrado desde mi óptica que (el imputado) sí se interesó en determinados proveedores. Incluso, el spot publicitario (pagado por un proveedor de la DAU en la campaña de 2011) benefició directamente (al ex funcionario)”, interpretó Saltor.
Luego, señaló que “la sociedad está muy preocupada por estos temas”. “Se percibe que siente un tremendo agobio porque sus impuestos no terminan en la búsqueda del bien común; la sociedad está cansada de ciertas improlijidades, irregularidades e intereses”, apuntó.
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