“Me animo a pedir costas”, había planteado en su alegato Arnaldo Ahumada, abogado del ingeniero Miguel Ángel Brito. El tribunal de la Sala VI de la Cámara Penal le dio la razón en lo más relevante del proceso al defensor, y declaró el lunes pasado la absolución del ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) de los tres delitos que se le imputaban. Sin embargo, rechazó su solicitud para que fuera el Estado quien afrontara los gastos emergentes por el proceso para su cliente.
El fallo dividido, con el voto mayoritario de Alicia Freidenberg y de María Elisa Molina y la disidencia de Stella Maris Arce, consignó cuatro puntos. El primero, siempre siguiendo la postura de las dos primeras magistradas, resolvió rechazar las acusaciones en contra de Brito por los presuntos delitos de defraudación, fraude a la Administración Pública, negocios incompatibles con su cargo y abuso de autoridad. De esta manera, denegó el pedido del fiscal de Cámara, Carlos Saltor, de dictar una pena de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública a Brito, que fue director de la DAU entre 2007 y 2012.
“Este fallo me reivindica en lo personal”, aseguró Brito
En segundo lugar, el tribunal puso a disposición de la Fiscalía las actuaciones del debate para que pueda efectuar las denuncias que considere por supuestos falsos testimonios. El tercer punto consignó que las costas del proceso sean “por su orden”, con lo que Brito deberá cubrir sus gastos. El cuarto apartado refiere que los honorarios profesionales serán regulados con posterioridad.
En tanto, la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR-Cambiemos), denunciante del caso junto al legislador Ariel García, criticó duramente la sentencia. “El fallo de la causa DAU es un acuerdo de impunidad entre Brito, (José) Alperovich y las juezas”, manifestó la opositora.