Tucumán, sin una ley que permita rastrear el dinero de las campañas

Apenas cinco provincias cuentan con una ley local de financiamiento político. En consecuencia, en el resto de los distritos del país, incluido Tucumán, sólo se pueden rastrear los gastos cuando hay campañas proselitistas para cargos electivos nacionales.

Salta, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Mendoza regulan el financiamiento. El resto de las provincias se rigen en comicios nacionales por la Ley 26.215, que obliga a los partidos políticos a presentar informes previos y posteriores a las elecciones nacionales. La discusión sobre la ausencia de regulación para el financiamiento proselitista en Tucumán comenzó a cobrar fuerza a partir de la proliferación de acoples. En los comicios provinciales de 2015, con cuartos oscuros en donde se llegaron a ver un centenar de boletas, a los candidatos les resultó sumamente costoso afrontar la logística electoral y, además, lograr que su propuesta adquiera visibilidad pública.

En el orden nacional, el financiamiento de las agrupaciones es regulado por la Ley 26.215 de 2006. Esta legislación permite a la Cámara Nacional Electoral practicar un seguimiento de “la ruta del dinero” y establecer topes para los aportes, entre otras acciones tendientes a transparentar el uso de fondos con fines proselitistas.

Así, los partidos políticos y las campañas electorales se financian de dos maneras: a través de aportes públicos y/o privados. En el caso del financiamiento privado, los aportes no pueden ser anónimos o provenientes de sindicatos, empresas públicas y concesionarias de servicios, asociaciones profesionales, juegos de azar y del extranjero. En períodos de campaña, las personas jurídicas tampoco pueden donar, así como también existen topes de aportes públicos y privados.

Ahora, la Nación propicia una nueva reforma a esa normativa. El plan oficial permitirá el financiamiento de empresas a las campañas con tope de 3% del gasto total de cada frente político; la bancarización de los aportes; duras sanciones penales contra el clientelismo, restricciones a la publicidad oficial y la eliminación de los actos de gobierno orientados a captar el voto durante las campañas políticas. Finalmente, incorpora como órganos de contralor a la UIF, Anses, Procelac, AFIP e IGJ, entre otras modificaciones.

Esta discusión se aceleró por las denuncias de los aportantes truchos a la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.

Casos locales

En Tucumán, además, dos opositores acudieron ya a los tribunales federales para que se investigue si el Frente para la Victoria usó sus nombres para blanquear aportes ilegales a la campaña de 2015. Se trata de la actual diputada nacional Beatriz Ávila y del legislador Alfredo Toscano. Ambos aparecen como aportantes de $ 50.000 cada uno en efectivo al kirchnerismo, pero niegan haber efectuado esas contribuciones ya que en ese momento ya militaban en un espacio político opositor. Esa denuncia penal ya fue girada al fiscal federal Carlos Brito.

Los denunciantes, miembros del Partido por la Justicia Social, sostienen su denuncia en el artículo 44 bis de la Ley de Financiamiento Político. Esta norma detalla que las donaciones de las personas físicas deberán realizarse mediante transferencia bancaria, cheque, en efectivo, mediante internet, o cualquier otro medio siempre que permita la identificación del donante. Dichas contribuciones, además, deben estar respaldadas con los comprobantes correspondientes. “En el informe final de campaña se deberá informar la identificación de las personas que hayan realizado las contribuciones o donaciones”, precisa el texto.

A su vez, el artículo 10 del decreto nacional 936/2010, establece que cuando el aporte “fuera en efectivo, deberá consignarse en el correspondiente recibo. En el balance de la agrupación política deberá detallarse la nómina de donaciones que hubiese recibido, con la correspondiente identificación de las personas que hubieren realizado”. “Solicitamos se aplique la máxima de las sanciones al Frente Para la Victoria y las autoridades responsables del manejo económico”, reclaman Ávila y Toscano.

Subdeclaración

Un reciente informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) revela la subdeclaración de aportes que hacen los partidos en campaña y propone medidas para mejorar el financiamiento de la política en la Argentina.

“Limitar las donaciones en efectivo a montos pequeños, permitir que empresas y sindicatos aporten a las campañas con reglas claras, y alentar a las provincias a que regulen el tema”, son algunas de las conclusiones.