El gremio municipal le reclama a Alfaro la devolución de un descuento salarial de $ 800.000

Con el apoyo de los concejales de la oposición, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) demandó a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán la devolución de casi $ 800.000. El reclamo es por los descuentos salariales que realizó la gestión de Germán Alfaro (Cambiemos) a los trabajadores del Tribunal Municipal de Faltas que estuvieron de paro durante cinco semanas, entre marzo y abril.

“Por el incumplimiento de la conciliación obligatoria que había dictado la Secretaría de Trabajo de la provincia, también solicitaremos la conformación del Consejo de Trabajo para pedir una sanción contra la Intendencia. Si el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, multó al sindicato de Camioneros por incumplir un convenio, nosotros pediremos lo mismo contra el municipio”, adelantó el secretario general de SOEM, Osvaldo Acosta.

El secretario de Gobierno del municipio, Walter Berarducci, rechazó la medida y consideró que responde a una intentona del gobernador, Juan Manzur, de perjudicar la gestión municipal. “Institucionalmente el municipio actuó dentro de su zona de reserva, se siguieron todos los pasos y procedimientos administrativos y legales. Por eso la decisión del intendente Alfaro estuvo atada a derecho atento a que un día no trabajado no puede ser un día percibido por el trabajador”, retrucó el funcionario.

De vieja data

Durante la última sesión del Concejo, los ediles de la oposición aprobaron un proyecto de resolución por el que solicitaron al Municipio que “proceda a la devolución de las remuneraciones descontadas al personal del Tribunal Municipal de Faltas por la realización de medidas de fuerza”.

“Buscamos que se terminen las obras porque los trabajadores merecen trabajar en un lugar digno. Es un problema de vieja data, y que pasa en otras dependencias municipales, como la Asistencia Pública. Tanto el gremio como los trabajadores hicieron reclamos encendidos, el municipio empezó las obras, no las terminaron y siguen trabajando en un lugar insalubre. Alfaro les da la espalda a los trabajadores y por eso el Municipio no funciona”, cargó el presidente del Concejo, Armando Cortalezzi (PJ). “Fue un reclamo justo, por eso no correspondieron los descuentos”, reforzó el vicepresidente del cuerpo, José María Franco.

Los trabajadores del Tribunal de Faltas habían comenzado los reclamos en marzo de 2017, luego de que gran parte del cielorraso del salón principal se desplomara por las pérdidas de las cañerías y desagües de los pisos superiores (la dependencia funciona en la planta baja de una construcción de tres pisos). Un mes más tarde, la Municipalidad había iniciado las obras para remodelar la sede, en Jujuy 252. Sin embargo, los trabajos se paralizaron en marzo de este año. Tras seis semanas de paro y cortes de calle, la Secretaría de Trabajo provincial dictó la conciliación obligatoria.

“La obras han quedado paralizadas, los empleados trabajan sin sanitarios y hay sectores sin luz. Por las semanas de paro, a cerca de 100 empleados les descontaron casi $ 8.000, en promedio. Reclamamos que les reintegren el dinero por los días de paro descontados ilegalmente”, dijo Acosta.

El titular del gremio informó que solicitó por escrito la conformación del Consejo del Trabajo provincial para analizar el incumplimiento, dijo, del municipio tras la conciliación obligatoria dictada. “La Municipalidad viola la ley de Asociaciones Sindicales y no respeta el derecho a huelga. El gremio es reconocido por el Ministerio de Trabajo de la Nación, y sin embargo Alfaro no se ha dignado a recibirnos nunca en audiencia”, arremetió Acosta. Y agregó: “queremos que se abra la paritaria municipal para reclamar por nuestros derechos”.

Berarducci aseguró que no habrá devoluciones a los trabajadores a quienes se les descontaron haberes en la huelga. “El municipio actuó dentro de la esfera jurídica propia. El Concejo emitió su postura a través de una herramienta meramente declarativa. Actuaron de manera populista y demagógica, con la intencionalidad política de la oposición al municipio, que responde directamente a Manzur y (Osvaldo) Jaldo, de entorpecer la gestión de Alfaro”, cuestionó. Además, aseguró que el Municipio cuenta con autonomía: “el Consejo Provincial del Trabajo no tiene incumbencia en el derecho administrativo en la faz del municipio, porque se regula por sus propias normas. Acosta lo que busca es que Manzur lo nombre para tener otro sueldo o blanquear su dependencia política y económica con el Gobierno provincial”.