Allanan dos casas de Cristina y peronistas denuncian atropellos

Se realizó un extenso operativo pedido por el juez Bonadio.

CONTROVERSIA. Beraldi, abogado de Cristina, facilitó el acceso al allanamiento en Recoleta, pero no lo dejaron entrar. Foto LA NACION / Emiliano Lasalvia CONTROVERSIA. Beraldi, abogado de Cristina, facilitó el acceso al allanamiento en Recoleta, pero no lo dejaron entrar. Foto LA NACION / Emiliano Lasalvia
24 Agosto 2018

Los allanamientos autorizados por el Senado de durante la sesión del miércoles pasado se concretaron ayer en dos de los tres domicilios de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner que pidió registrar el juez Claudio Bonadio.

El operativo más extenso se concretó en el departamento que la senadora posee en Recoleta: el quinto piso de Juncal 1.306. Las tareas que se realizaron allí comenzaron al mediodía y se extendieron por varias horas.

Un importante despliegue de uniformados de la Policía Federal y de la Gendarmería Nacional se dio en la zona, y se completó con un grupo de militantes kirchneristas que se congregaron con una amplia bandera a respaldar a la ex jefa de Estado. A la vez, cantaron varias consignas contra el presidente, Mauricio Macri, y Bonadio.

A las 21, según dio cuenta el diario digital Infobae.com, una agente de la Policía Federal se retiró del lugar con un maletín plateado, sin responder consultas periodísticas respecto de qué transportaba.

Casi en simultáneo se llevó adelante en Río Gallegos el allanamiento a la propiedad de la ex presidenta en Mascarello 441. Esa inspección comenzó a las 14.45 y concluyó poco después de las 19.

Restaría allanar el último de los inmuebles, en El Calafate.

Denuncias justicialistas

El abogado de la ex jefa de Estado, Carlos Beraldi, denunció que fue obligado por la Policía a retirarse del departamento de Juncal y Uruguay, en la Recoleta, y afirmó que se trata de “una violación a los principios del Estado de Derecho”.

“Una vez más estamos frente a una farsa y no a un procedimiento judicial”, denunció el letrado. Aclaró que, en contraste, se había facilitado el ingreso de las fuerzas de seguridad al inmueble. “Yo mismo puse a disposición todos los elementos del domicilio para que fuera inspeccionados, pero evidentemente acá no se quiere hacer ninguna inspección: acá se quiere hacer una farsa en donde el juez una vez más muestra su ilegalidad”, denunció.

La ex mandataria permaneció gran parte del día en la casa de su hija, Florencia Kirchner, en el barrio de Constitución.

Cuando se conocieron en el Congreso las denuncias de Beraldi, los bloques de diputados y senadores del Frente para la Victoria denunciaron que se trataba de un “atropello” por parte del magistrado.

“Con este nuevo eslabón en la cadena de violaciones al Estado de Derecho que viene perpetrando, el juez Bonadío acaba de sepultar cualquier esperanza de que se respete el derecho a la legítima defensa de la ex presidenta. Hoy en la Argentina no hay igualdad ante la ley ni respeto por las más elementales garantías individuales. Solo hay revanchismo y persecución política”, expresa un pronunciamiento de los parlamentarios.

Los allanamientos forman parte de la investigación sobre la trama de corrupción revelada en los “cuadernos de la corrupción”, que involucra a ex funcionarios y empresarios de la obra pública.

El ex chofer Oscar Centeno, quien escribió los ocho cuadernos que dieron inicio a la causa judicial, registró que la “recaudación del día” se llevaba “siempre a Uruguay y Juncal”. Entre 2011 y 2013, en esa propiedad, Roberto Baratta habría realizado 72 entregas por U$S 60 millones.

Otro operativo

En paralelo a las inspecciones judiciales a los inmuebles del matrimonio Kirchner, y en el marco de la causa de los “cuadernos de la corrupción”, se concretó ayer un allanamiento en el departamento del empresario Néstor Otero, concesionario de la terminal de Retiro, también por orden de Bonadio.

Según consigna Infobae.com, encontraron tres cajas fuertes. Dentro de ellas encontraron un millón de dólares y un millón y medio de pesos.

El martes, el juez había ordenado la detención del empresario, que se entregó ese día en la sede policial de Palermo.

Otero se había negado a declarar y presentó un escrito, en el que solicitó que se le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria porque tiene 79 años y es diabético. En el texto, no reconoció haber entregado bolsos con dinero a Baratta -señalado como el recaudador-, número dos del ministerio de Planificación que encabezó Julio De Vido durante 12 años.

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