Crean un centro judicial para 300.000 tucumanos del este de la provincia

La Legislatura dio el puntapié para la descentralización del Poder Judicial en la provincia con la creación por ley de un nuevo centro judicial en Banda del Río Salí. Los nuevos tribunales darán respuesta a cerca de 300.000 habitantes que viven en los departamentos de Burruyacu, Cruz Alta y Leales, que ya no deberán desplazarse hasta San Miguel de Tucumán. El proyecto aprobado, el primero elaborado por el vicegobernador Osvaldo Jaldo desde que asumió en el cargo en 2015, incorpora el Centro Judicial Este a las oficinas de la Capital, Concepción y Monteros.

“En una primera etapa se abrirán un juzgado y una fiscalía en lo penal, en lo civil y en lo laboral. Se abrirán cerca de 12 o 13 cargos. El gobernador Juan Manzur probablemente la promulgue la semana que viene para que la Corte Suprema de Justicia tucumana pueda comenzar a aplicarla”, celebró Jaldo tras la votación. Los 45 legisladores presentes votaron a favor de sancionar la norma. El vicegobernador y el intendente de Banda del Río Salí, Darío Monteros -quien presenció el debate en el recinto-, explicaron que las nuevas oficinas pueden funcionar en un predio que supo albergar despachos de la Caja Popular de Ahorros. “Esperamos que el año que viene ya estén funcionando los nuevos despachos. Hay que nombrar magistrados, la Corte deberá darle presupuesto pero están previstas las partidas para cargos y reformas edilicias”, continuó Jaldo.

Roque Cativa, titular de la comisión de Legislación General, presentó los alcances del proyecto. “El municipio cabecera de Cruz Alta es el más poblado de la provincia, y por la proyección demográfica es necesario crear un nuevo centro judicial. Así, avanzamos para colaborar para la administración de Justicia con eficiencia”, explicó el peronista. El presidente subrogante de la Cámara, Fernando Juri, defendió la propuesta por su impacto social: “la justicia que llega tarde no es justicia, por eso hoy (por ayer) con la aprobación del proyecto, vamos a aportar a mejorar el acceso a la Justicia. Es un día de equidad, ahora más de 300.000 habitantes no deberán cruzar el puente para tener justicia”, aseveró. La peronista Silvia Rojkés, por su parte, adelantó su compromiso para trabajar en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) para acelerar el proceso de preselección de magistrados.

El radical Eudoro Aráoz celebró el impacto que tendrán los nuevos tribunales en el este tucumano, y propuso una modificación. Entre los artículos, la norma propone crear nueve juzgados, entre fueros Civiles, Comerciales y Penales. Aráoz mocionó que se cree una oficina para juicios laborales independiente. El cambio fue aceptado por los presidentes de comisiones.

Paquete judicial

En la sesión de ayer también se sancionaron dos leyes para completar el paquete de proyectos judiciales. Los legisladores aprobaron también la creación por ley de la Ciudad Judicial en Concepción, que permitirá unificar en una misma dependencia las oficinas y despachos del Poder Judicial en la capital de Chicligasta. “Se trata de una idea superadora a la actual dispersión que presenta el funcionamiento del Centro Judicial Concepción, concentrando en un mismo espacio todas las oficinas y dependencias para dotarlo de mayor facilidad y organización y así brindar un mejor servicio de justicia”, presentó el proyecto el radical Raúl Albarracín, uno de los autores de la iniciativa junto con Fernando Valdez y Ariel García.

La ley establece la conformación de una comisión integrada por el presidente de la Corte, dos legisladores, el ministro de Gobierno y Justicia, el intendente de Concepción, el presidente del Concejo de esa ciudad, un delegado administrativo del Poder Judicial, un representante de la Facultad de arquitectura de la UNT, el presidente del Colegio de Abogados del Sur y un miembro de Judiciales Agremiados de Tucumán. Este cuerpo deberá buscar un terreno para ser sede de la ciudad judicial, analizar la factibilidad y solicitar la expropiación del inmueble.

Los legisladores aprobaron también un proyecto de la peronista Nancy Bulacio que creó más juzgados especializados en Violencia Contra la Mujer: con seis cargos nuevos de fiscales y seis cargos de defensores oficiales, distribuyendo los cargos entre los centros judiciales de la provincia.