Un video que muestra disparos de Gómez y Amín fue analizado segundo a segundo

“Somos comunidad indígena. Estamos en nuestro derecho”, se escucha. “Quedate piola, a mí no me vas a prepiar, qué te creés vos”, es la respuesta. A continuación, un tiro -el primero de varios-, gritos, insultos, ruido de pisadas sobre piedras lajas y la cámara, desenfocada, que apunta al piso. Son 102 segundos que concentran un conflicto de cientos de años, y dos modos de ver el mundo.

La filmación que hizo Darío Amín el 12 de octubre de 2009 muestra el momento en el que Luis Humberto Gómez saca un arma de la cintura. Emilio Mamaní, con quien estaba discutiendo, hace un salto hacia atrás y Gómez hace un tiro, se le va encima a Delfín Cata, que sacaba fotos con una cámara de rollo y lo golpea con la culata. Cata se defiende. Suenan más tiros. La cámara empieza a girar, se ve una mano que también dispara gente que baja desde una loma por un camino de tierra. Más gritos.

La proyección del video deja mudos a los asistentes al juicio que lleva adelante la Sala IV del fuero penal tucumano, por el crimen de Javier Chocobar, autoridad de la comunidad Los Chuschagasta, que vive en el paraje El Chorro. Algunos miembros de la comunidad lloran o se abrazan.

El video fue analizado segundo a segundo ayer, al final de la tercera audiencia del juicio en el que se juzga a Gómez (por el asesinato de Chocobar) y a Amín y a Eduardo José Valdiviezo por las lesiones provocadas a Emilio y Andrés Mamaní, que quedó con graves secuelas.

El tribunal integrado por Wendy Kassar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnoli escuchó ayer a Gabriel Chocobar, hijo de la víctima; Adrián Yapura, el taxista que visitaba a su familia en un paraje vecino y que llevó a Andrés Mamaní hasta el hospital; y a Ramón Mamaní, padre de Andrés, que habló del padecimiento de su hijo desde que una bala le perforó el abdomen, hace casi nueve años.

Delfín Gerónimo, integrante de la comunidad originaria de Quilmes y empleado en el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), explicó que los conflictos por tierras -como el que terminó con el homicidio de Chocobar- son motivo de enorme dolor para los pueblos originarios. “Hay 130 causas contra comuneros, acusados de usurpación, pese a que están amparados por la Ley 26.160”, explica.

Promulgada en noviembre de 2006 y prorrogada en septiembre de 2017, está destinada a evitar los desalojos de comunidades originarias de sus tierras ancestrales. Declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que (...) ocupan las comunidades indígenas (...), cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente (...)”.

Los últimos testigos fueron los policías Miguel Ángel Gómez y Hugo Cabezas, que en 2009 eran primer y segundo jefes de la División Homicidios de la Policía.

Gómez reconoció las armas que secuestraron el día del crimen y confirmó que tomó las primeras declaraciones y ordenó exámenes a los presentes para buscar residuos de pólvora. Cabezas fue quien tomó declaración a Amín, Gómez y Valdiviezo, que habían ido al sanatorio Rivadavia para atenderse de las heridas causadas en la pelea.

La sala reaunudará las audiencias el martes, a las 9.