El Instituto Nacional de Teatro, paralizado

La conflictiva situación interna en el Instituto Nacional de Teatro (INT), sobre la que se advirtió en varias oportunidades en LA GACETA desde hace dos años, llegó a un punto aparentemente sin retorno. La relación entre el director ejecutivo (DE) nombrado por el Gobierno nacional, Marcelo Allasino, y el secretario general elegido por los teatristas, el representante de Centro Litoral Miguel Palma, se fracturó al punto de paralizar el instituto, poner en riesgo su continuidad y dividirlo en dos sectores más distanciados que nunca.

La crisis es de larga data, pero ahora se alcanzó un punto inesperado, con una conducción fracturada: por un lado los nueve miembros del Consejo de Dirección (encargado de definir las líneas de acción del ente), incluyendo a los representantes de todas las regiones del interior del país y del quehacer teatral (una de ellos es la tucumana Nerina Dip) y los representantes en cada provincia; por el otro, Allasino, la delegada de Centro (Capital Federal), Paula Brusca de Giorgio, y la enviada de la Nación al Consejo, Florencia Pérez Riba.

El eje central de la disputa es el manejo del poder y del dinero dentro del INT. Allasino cesó transitoriamente a su rival rosarino de su cargo y representación, basado en un dictamen de Recursos Humanos de la Secretaría de Cultura de la Nación, que determinó que Palma tendría una incompatibilidad por acumulación indebida de funciones: detenta al mismo tiempo la secretaría general del INT y la dirección del Centro Polivalente de Arte de Rosario, dependiente del Ministerio de Educación de Santa Fe. Asimismo, lo intimó a que opte por seguir en el INT (su mandato vence en febrero de 2019 y no puede ser reelecto) o en la docencia provincial.

En términos similares se expidió en contra del representante de Nuevo Cuyo, Gabriel Ernesto Arias (de San Luis), a quien también separó del cargo e intimó con plazo perentorio a que defina su situación. Allasino además afirmó que hubo falseo de datos en declaraciones juradas y giró las actuaciones a la Oficina Anticorrupción que conduce Laura Alonso. A LA GACETA le confirmó que hay una investigación en curso contra Dip.

Ausentes y repudiados

La explosión se veía venir. Hace una semana se reunió el plenario de los representantes del INT en las provincias (con asistencia casi completa), encuentro al que Allasino y Pérez Riba no concurrieron alegando que “los temas propuestos no reflejan necesidad y urgencia” y que se debe hacer un recorte del 30% en las partidas de viáticos, movilidad y comida.

La respuesta no se hizo esperar. Los delegados federales del INT, entre ellos el tucumano Roberto Toledo, y representantes del quehacer teatral como Dip consideraron las ausencias como “una grave afrenta”, y recordaron que es la tercera vez que Allasino no concurre en el año a esa reunión, lo que imposibilita todo diálogo. Lo acusaron de no implementar llamados a concursos ni cancelar “la voluminosa deuda por subsidios atrasados”, sobre los que se pidió su pago y actualización, más un aporte extra para los destinados a infraestructura. Muchos de ellos son esperados por grupos y salas de Tucumán para poder seguir funcionando y estrenando y representando obras.

Este colectivo rebelde volvió a reunirse el miércoles pasado, y virtualmente pidió la cabeza de Allasino: “se repudia el accionar del DE en su recurrente destrato y desconocimiento al Consejo de Dirección y se reafirma la nota elevada en la Fiesta Nacional de Rosario (realizada en mayo) referida a la imperiosa necesidad de contar con un funcionario que entendiera y aceptara el marco de funcionamiento del Consejo como organismo colegiado que lo rige y gobierna”. Por unanimidad se manifestó la “preocupación por el futuro de la institución”, se puso en alerta a la comunidad teatral en referencia “al ajuste y a la ejecución del presupuesto 2019” y por la “total defensa de la ley 24.800”, que creó el INT.

Menos subsidios

Por fuera de ese documento oficial, los teatristas reunidos en ese plenario denunciaron que el recorte de fondos previsto para el próximo año en subsidios rondará el 50% de los recursos, calculado por la caída neta superior al 10% en el rubro, más la falta de actualización pese a la inflación. En cifras, señalaron que la recaudación de 2018 será de $ 402 millones, de los que se destinarán para subsidios casi $ 202 millones; y que para 2019 se proyectan ingresos por $ 554 millones y $ 180 millones en subsidios.

Esa merma figuraría en el presupuesto remitido por Allasino al Ministerio de Hacienda de la Nación, que como no fue consultado con el Consejo, fue considerado “ilegal”. También se alertó que la reducción “compromete el accionar operativo de esta institución y las posibilidades de sostén y desarrollo de los trabajadores del teatro del país”. El director lo negó a LA GACETA, y se centró en que el total de fondos aumentará el 38% interanual.

En otro párrafo, acusaron a Allasino de “comenzar una persecución política sin precedentes” contra Palma y Arias, y que amenazó al resto del cuerpo con una acción similar.

El jueves debía reunirse el Consejo de Dirección, pero sólo asistió el triunvirato que conduce Allasino, que convocó a una nueva reunión plenaria para este viernes. El resto se negó a concurrir, y justificó su actitud en que dos regiones no tenían representantes, lo que vulnera el carácter federal y democrático de toda decisión que se tome. Esta semana se escribirá un nuevo capítulo de esta historia, que aflige a la actividad artística del país en su conjunto y tiene a los teatristas del país en estado de deliberación y asamblea permanente, como pasa en Tucumán.

LA GACETA habló con todos los involucrados, y sus declaraciones se despliegan por aparte.