05 Octubre 2018
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El primer paso es asumir el problema. El cliente asociará el producto o servicio a una experiencia no satisfactoria, lo que puede generar que ese consumidor exprese su malestar con su entorno o con las redes sociales, además de una denuncia por trato indigno.
Por eso, el segundo paso sería conocer y analizar el inconveniente recopilando información en las filas. Con esos datos se puede analizar las franjas horarias de máxima concentración de clientes; así se podrá saber cuándo será necesario tener más recursos personales disponibles.
Otra solución puede ser automatizar la gestión solicitando citas previas de manera online, ya sea para realizar una compra o recibir un servicio. Ahorrar tiempo a los clientes es posible a través de la automatización de algunos servicios, como dispensadores de tickets automáticos o indicadores visuales o de audio.
Valdez cuestionó la demora del Ejecutivo
El legislador radical Fernando Valdez celebró que se haya reglamentado la ley que él impulsó, aunque cuestionó que hayan pasado tres años desde su sanción. La norma “Afecta a la calidad de la democracia que el Ejecutivo no reglamente las leyes. Con esta ley de ‘Tiempo de espera’ tuvimos que hacer un amparo; la trabaron con la reglamentación”, criticó en una entrevista con “Las 12 en 30”, que se emite por LA GACETA PLAY.
Consultado sobre si la demora pudo haber sido adrede, dijo: “si no hay intencionalidad política, es mala calidad de los funcionarios encargados de las áreas, negligencia o mala intención de demorarla. No entiendo a nadie que vaya a querer demorar una ley que beneficia a todos los tucumanos. Todos somos consumidores de servicios. Hay un alto grado de ineficiencia del Estado y de desaprehensión”, apuntó.
Ya hubo sanciones por trato indigno
El director de Comercio Interior de la Provincia, Francisco Nader, dijo que el trato indigno ya se venía sancionando a través de la Ley de Defensa del Consumidor. “Ya tenemos antecedentes de haber realizado sanciones por este tema”, explicó. En esos casos las sanciones económicas fueron las mismas que se establecieron en la nueva ley. El funcionario remarcó que la norma abarca a establecimientos y organismos cuyas oficinas se encuentren en el territorio provincial.
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