Este no es el único caso de liberación de un sospechoso que quedó en la mira de la Justicia. También se investiga la actuación de personal de la seccional 10°, que se produjo después de un procedimiento realizado por personal municipal.
El jueves pasado, en Villa 9 de Julio, personal de la Dirección de Tránsito realizaba un operativo de control. Cuando intentaron pedirle la documentación a un motociclista, este trató de huir, pero fue reducido a los pocos metros por los inspectores, que fueron agredidos, según contó Enrique Romero, subsecretario de Tránsito y Transporte de la municipalidad capitalina.
El funcionario dijo que en el operativo descubrieron que el sospechoso llevaba dos estéreos sin sus frentes y una herramienta que normalmente se utiliza para forzar las puertas de los vehículos.
“Como nunca, llamamos a la Policía, que se presentó a los pocos minutos y se lo llevaron arrestado. Sin embargo, nos enteramos de que un funcionario judicial había ordenado que se lo liberara”, explicó Romero.
Con el correr de los días, el fiscal Diego López Ávila confirmó que la Policía no le había informado de la aprehensión como se debería haber hecho, sino que, como consta en el informe policial, se habrían comunicado con un funcionario judicial que habría dado la orden que lo liberaran.
El mencionado se presentó en la fiscalía de Robos y Hurtos I, que debería haber intervenido en el caso, para desmentir la versión policial. López Ávila no sólo inició una investigación por ese hecho, sino también por qué los efectivos no realizaron las averiguaciones necesarias para determinar quiénes habían sufrido el robo de esos elementos, para poder imputarle el delito al hombre. Al final no se pudo saber si había cometido un ilícito o no.