El acuerdo con la Nación recibirá el aval de la Legislatura y llevará oxígeno a las arcas públicas

En la sesión de la Legislatura anunciada para el viernes, el bloque oficialista Tucumán Crece y sus aliados le darán oxígeno a las arcas provinciales, al ratificar los acuerdos políticos y financieros entre el Gobierno provincial de Juan Luis Manzur y el nacional, que encabeza Mauricio Macri.

Ayer, a la salida de la reunión de Labor Parlamentaria, el vicegoberandor, Osvaldo Jaldo, anticipó que en el orden del día figurará un proyecto del Poder Ejecutivo (PE) que ratifica la actualización al Consenso Fiscal 2018, al cual adhirieron Tucumán y la mayoría de los distritos del país. “Producto de las negociaciones entre el Gobierno nacional y la Provincia, se han instrumentado algunas adendas, y tienen que ser ratificadas por el Poder Legislativo”, detalló Jaldo, en rueda de prensa. El titular de la Cámara legislativa añadió que ese acuerdo permitirá la reformulación de deudas de la Provincia, como la que se mantiene con el Centro de Arreglo de Diferendos Relativos a Inversiones (Ciadi) por la rescisión del contrato del servicio sanitario con Aguas del Aconquija, en 1996, que motivó una condena contra el Estado tucumano por 170 millones de dólares. “Se ha conseguido una refinanciación a 10 años, con tres años de gracia”, agregó Jaldo. Consignó que a ello se suman títulos distribuidos entre acreedores. “Son casi $ 8.000 millones (en total) que se han refinanciado en el mismo tiempo, y con una tasa del 6%”, indicó el vicegobernador.

La restante iniciativa que permitirá aliviar las cuentas públicas consiste en una autorización para tomar crédito -a modo de anticipo financiero- por hasta $ 1.500 millones, también gracias a un acuerdo con la Nación, para contingencias económicas que pudiera afrontar la Provincia.

Los detalles de ese proyecto serán analizados hoy por la comisión de Hacienda y Presupuesto, que está a cargo del vicepresidente 1° de la Legislatura, Juan Ruiz Olivares. Fuentes del oficialismo aseguraron que, más allá de la habilitación para adquirir deuda (o anticipar recursos), por lo pronto la idea es no recurrir a ese financiamiento-. “Sólo se lo utilizará si surge la necesidad”, insistió un referente del PJ.

Con ambas medidas la Provincia ganará aire para cumplir con sus compromisos, de cara al último trimestre de 2018.

En la última sesión, celebrada hace tres semanas, el Poder Legislativo le había dado sanción a la ampliación del Presupuesto en curso, que incorporó $ 9.170 millones y pasó a totalizar unos $ 76.600 millones para este año.

En las paritarias para este período, el Ejecutivo había acordado con los gremios un incremento del 17% en dos partes, pero incorporó una “cláusula gatillo” a través de la cual los sueldos se actualizan siguiendo los índices de la inflación que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec). La diferencia entre lo otorgado y el aumento en el costo de vida ronda el 15%, según los cálculos del Ministerio de Gobierno, que encabeza Regino Amado, por lo que finalmente la suba salarial para los estatales en 2018 rozará el 32%. Además, habrá otra revisión en diciembre.

En este contexto, las erogaciones corrientes registrarán una importante escalada a fin de año, cuando la Provincia tiene proyectado abonar dos planillas salariales y el medio aguinaldo -durante diciembre y los primeros días de enero-. De ese modo, las recientes negociaciones con la Nación le permitirían a Manzur y Jaldo llegar a la etapa final de su mandato sin demasiados sobresaltos.

Desde lo político, resta ver el impacto de estos acuerdos en el debate sobre el proyecto de Presupuesto Nacional 2019 en el Congreso. La administración de Cambiemos necesitará votos del peronismo para asegurarse la aprobación. Más allá de que la Casa de Gobierno desmiente cualquier tipo de pacto con la Nación, la ocasión les servirá a Manzur y a Jaldo para testear su ascendencia sobre los diputados y senadores nacionales por Tucumán con el sello del PJ.

“Favor con favor se paga”, manifestó el legislador Eudoro Aráoz (UCR-Cambiemos) al cuestionar la propuesta del gobernador, Juan Manzur, para que se designe al fiscal penal Washington Navarro Dávila como nuevo titular del Ministerio de la Defensa. El dirigente radical argumentó sus críticas en el antecedente de que Navarro Dávila había impulsado el archivo de la denuncia promovida por el ex candidato Oscar López la causa de las “valijas” de la Legislatura, luego redirigida al fiscal Claudio Bonari. “El gobernador Manzur le devuelve la atención al fiscal y ahora lo propone como ministro de la Defensa. Es un blindaje total en Tribunales para el poder político. Es evidente que el poder se protege a sí mismo. La independencia del Poder Judicial debe seguir esperando”, señaló el ex presidente del Colegio de Abogados. Y reclamó que la Justicia avance con la investigación por el uso de $ 600 millones en supuestos subsidios legislativos.

La comisión de Hacienda y Presupuesto, a cargo del oficialista Juan Antonio Ruiz Olivares, emitirá el dictamen sobre el proyecto que envió el gobernador, Juan Manzur, para otorgar un aporte estatal de $ 15 millones en favor de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), destinados a la obra del centro de convenciones que se edificará en el predio de Cebil Redondo. A través de un convenio firmado entre el mandatario provincial y el titular de la SRT, Sebastián Murga, el Estado tucumano podrá -a través del Ente Turismo- solicitar las instalaciones del centro de convenciones durante cinco años (hasta 40 veces por año). La inversión, que superará los $ 35 millones, según las estimaciones de la Sociedad Rural, permitirá la preparación de una sede con nivel internacional para recibir el “XXX Congreso Mundial de la Caña de Azúcar”, a celebrarse en agosto de 2019. “Será una megasesión”, avisó el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, sobre la cita del viernes.