La Iglesia acepta resignar de modo gradual los aportes del Estado

La Conferencia Episcopal Argentina acordó reemplazar los $ 130 millones que recibe por año por alternativas de solidaridad de los fieles.

PRESIDENTE. El obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea, preside la Conferencia Episcopal Argentina.  PRESIDENTE. El obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea, preside la Conferencia Episcopal Argentina.
10 Noviembre 2018

En lo que se trata, sin dudas, de una decisión histórica, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) acordó ayer reemplazar, en forma gradual, los aportes del Estado -que suman unos $ 130 millones al año- por alternativas basadas en la solidaridad de los fieles, informa Télam. Para ese fin se conformó una comisión que trabajará en la creación de un fondo solidario. Asimismo, continuará el diálogo con el gobierno nacional para consensuar alternativas que faciliten el traspaso de una modalidad a otra.

Así lo informó la oficina de prensa de la CEA, al término de cinco días de deliberaciones de un centenar de obispos de todo el país, que se reunieron en la casa de retiros El Cenáculo, de Pilar, encabezados por el presidente del cuerpo, el obispo de San Isidro, Oscar Ojea.

Estos aportes del Estado -consigna el comunicado- consisten en las asignaciones a los obispados, becas para los seminaristas y parroquias de frontera. También aclara que los $ 130 millones que la Iglesia recibe del Estado sólo cubre el 7% del presupuesto total que maneja el Episcopado.

Este cambio se venía estudiando desde hace meses dentro de la Iglesia y en diálogo con el Estado nacional, bajo un estricto hermetismo. En las últimas semanas, la comisión ejecutiva del Episcopado convocó a los ecónomos de todas las diócesis argentinas, con quienes se analizó los futuros cambios. La comisión que estuvo estudiando este tema está integrada por el padre Guillermo Caride, Hernán San Juan y el contador Oscar Gómez, por parte de la CEA.

En la última reunión de la comisión permanente, en agosto, los obispos habían recibido un informe del grupo que integran representantes de la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Culto y la CEA que se estaba encargando de analizar alternativas al actual sistema.

La cuestión había sido motivo de debate en marzo, cuando -en momentos en que se empezaba a instalar el tema de la despenalización del aborto- el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había informado en el Congreso que el presupuesto destinado a la Iglesia católica para este año ascendía a $ 130 millones.

El lunes pasado, la asamblea plenaria de la CEA comenzó con un fuerte mensaje de monseñor Ojea, quien llamó a los obispos de todo el país a cuidar y defender la unidad del Episcopado ante los grandes desafíos pastorales que se presentaron este año, Y los enumeró: debate sobre el aborto, pedidos de apostasías, denuncias de abusos dentro de la Iglesia y los ataques al papa Francisco.

Ojea refirió que todas esas situaciones se dan en medio de una “crisis social y económica que golpea a todo el pueblo argentino, y que va resintiendo la confianza en la dirigencia política, aumentando el mal humor social, el enojo y la intolerancia, lo que hace muy crispada la convivencia”.

La misa en Luján

La exhortación del titular del Episcopado a sus pares se produjo días después de la controversia generada por la misa por la “paz, el pan y el trabajo”, celebrada el pasado 20 de octubre por el arzobispo de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani, frente a la tradicional basílica, con la presencia de Hugo y Pablo Moyano y referentes de kirchnerismo, que provocó cierta tensión dentro de Episcopado.

Según los participantes del encuentro, el tema estuvo presente en el intercambio pastoral de los obispos el primer día de deliberaciones, durante el cual monseñor Radrizzani recibió algunos cuestionamientos internos, pero el arzobispo sólo se limitó a leer la carta pastoral que dirigió a sus fieles, en la que pidió perdón a quienes han sufrido por esa celebración, y aclaró que la misa no tuvo ninguna intencionalidad política.

Tiempo de solidaridad

El vicario general de la arquidiócesis, padre José “Pepe” Abuín, afirmó que la Iglesia tucumana celebra esta decisión. “Va a llevar transparencia y credibilidad ante la gente y va a ayudar a establecer una nueva relación, un nuevo diálogo, con el Estado. No nos olvidemos que la Iglesia, en este momento, cumple tareas que le corresponderían al Estado, como las obras en favor de los drogodependientes, que no son exclusivamente para católicos, sino para todo el que lo necesita”, resaltó.

Agregó que estos cambios, que se irán dando en forma gradual, también “van a servir para crear conciencia, entre los laicos, de la necesidad de sostener el culto, y dentro de la Iglesia servirá para que se pongan en marcha mecanismos de solidaridad, de manera que las parroquias ricas asistan a las pobres así como las arquidiócesis ricas ayuden a las pobres”. Puntualizó que el objetivo es llegar a prescindir totalmente del dinero que llegaba del Estado.

> Fondos para Tucumán
Cuánto es y cómo se distribuye

Del aporte que el Estado nacional hace a la Iglesia, Tucumán recibe unos $ 165.750 por mes, que se destinan a: pagar el sueldo del arzobispo (Carlos Sánchez): $ 46.800; el del obispo emérito (cardenal Luis Villalba): $ 40.950; para tres parroquias de zonas vulnerables: $ 4.000 cada una y $ 66.000 para el Seminario Mayor, donde actualmente estudian 35 seminaristas. Según informó el padre José “Pepe” Abuín, vicario general de la arquidiócesis de Tucumán, los gastos de mantenimiento de las parroquias y los sueldos de los párrocos (que están en el orden de $ 12.000 mensuales), salen de la limosna y de actividades específicas que hacen para reunir fondos.

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