Crisis y paranoia por los CV del espanto

Walter Ojeda Ávila y Washington Navarro Dávila no sólo tienen nombres parecidos: sus historias terminaron conectadas por las fuerzas invisibles del destino. Desde luego que sin querer, ambos prestaron un servicio inestimable a la causa de la verdad y de la transparencia, palabras hechas de los mismos átomos, al pretender sitiales encumbrados del Poder Judicial. Navarro Dávila lo consiguió pese a sus 31 aplazos y a recibir impugnaciones dantescas; Ojeda Ávila, no: los 19 reveses en la carrera sumados a engañifas variadas en los antecedentes y a la posible falsificación de un título sepultaron su candidatura. El foro se sintió aliviado. La costumbre de inflar el currículum está demasiado extendida entre los abogados. Por eso en estos días más de un funcionario público y de un aspirante a juez corrió a cotejar sus papeles. El riesgo de que el escrutinio avanzara influyó para pinchar un escándalo que lucía desmadrado.

Navarro Dávila, que obtuvo su cargo de fiscal por concurso antes de que el gobernador Juan Manzur lo ascendiera en forma discrecional, y Ojeda Ávila quizá sean expresiones extremas de un fenómeno fácil de advertir. Jurados y evaluados dicen que no hace falta ser un as para salir bien parado de los certámenes del Consejo Asesor de la Magistratura. Entrar en la terna tampoco implica una validación ética. Muchos lo lograron a fuerza de insistir, sobre todo en la delicada área penal, donde, paradójicamente, el universo de candidatos es estrecho (el camarista Roberto Flores lo planteó esta semana). La cantera se limita a lo que hay en esta jurisdicción en parte porque los aspirantes foráneos están excluidos por el artículo 116 de la Constitución, que establece al domicilio en la provincia como requisito para ejercer la judicatura. Sólo los “trucumanos” pueden juzgar a los “trucumanos”, a diferencia de lo que sucede en otros distritos permeables a los forasteros, cuya presencia podría ayudar a elevar la competencia en la preselección, y a generar un Poder Judicial más técnico, y menos endogámico y dotado del perfil de familia que aquí es ley natural y divina.

El CAM y la Legislatura no controlan la calidad ética de los aspirantes a juez porque en buena medida depositan esa tarea en la ciudadanía, que, además de tener que defenderse de letrados y jueces inescrupulosos, y de un sistema judicial que en términos generales eterniza los procesos, debe ocuparse de impugnar a los concursantes indignos de la majestad de la Justicia. Aún cuando ello sucede, las objeciones no prosperan porque, como las denuncias penales quedan impunes y las sanciones del Colegio de Abogados son objeto de judicializaciones sin fin, los cuestionamientos nunca se apoyan en sentencias firmes. Y, cuando lo beneficia, el poder hace valer a rajatabla el principio de inocencia, como sucedió respecto de Navarro Dávila, a quien el legislador amayista Silvio Bellomio defendió como si se tratara de una carmelita. La lentitud estructural de los Tribunales apaña a quienes se aprovechan de él y castiga a la ciudadanía. Es el círculo vicioso contra el que se estrella la fantasía de la división de poderes.

El oscurantismo de las instituciones contribuye a la fiscalización quimérica de los elegidos para impartir justicia. La oficialista Sandra Mendoza, por ejemplo, está en contra de divulgar el CV de los cuasi funcionarios públicos: los considera “datos personales”. El Consejo Asesor de la Magistratura califica los antecedentes a puertas cerradas, en “reuniones de trabajo”, y es célebre su devoción por las sesiones públicas simbólicas, que ya vienen cocinadas. Si bien los puntajes están tabulados de antemano -ello no exime del todo la discrecionalidad-, en principio no chequean de oficio la autenticidad de los certificados que presentan los concursantes. Si nadie levanta la perdiz, los títulos falsos pasan por verdaderos. La tentación de engordar los legajos es inmensa puesto que ello se traduce en calificaciones más altas, que pueden llegar hasta 35 de los 100 puntos en juego. A esto se suma que el Consejo no publicita los currículos en la web: hay que cotejarlos en la propia sede.

La peripecia de Ojeda Ávila exhibió hasta dónde llegan la informalidad y el secretismo. Un postulante puede presentar distintas “versiones” del CV a los consejeros, a los legisladores y a la prensa. ¿Cuál es el válido? ¿Por qué no hay una hoja de vida oficial que recorra todas las etapas de la cobertura de la vacante, incluida la estación “Poder Ejecutivo”? ¿Las revelaciones no justifican que la Corte instrumente un banco de currículos de los magistrados, que, de paso cañazo, sirva para constatar cuánto se capacitan y viajan por año, y estimulen la racionalidad en ambos campos?

Los consejeros de la Magistratura no exigen, además, la presentación del certificado analítico que detalla -descarnadamente- el desempeño del estudiante de Abogacía. Este requerimiento recién aparece en la comisión de Peticiones y Acuerdos de la Legislatura, es decir, cuando el aspirante ya tiene el guiño del gobernador. ¿Puede formar parte de la Justicia y dirigirla un estudiante de Derecho vapuleado por los aplazos? El oficialismo considera que sí: Navarro Dávila lo confirma. La corporación pro alumnos mediocres esgrime que un mal desempeño académico puede ser subsanado en la etapa profesional y que un alumno excelente de Abogacía no necesariamente será un buen magistrado. El razonamiento excluye la posibilidad de que un estudiante deficitario jamás levante cabeza y se sirva de la Justicia para perpetrar malas praxis irreparables con el agravante de que el oficialismo lleva 12 años sin autorizar la destitución de un juez, por más “errores” que haya cometido en su desempeño. En términos de imagen y de credibilidad, ¿no serían los mejores en todos los sentidos quienes debieran ejercer la magistratura? El haber subestimado esa pregunta colocó a “Trucumán” ante la aberración y el espanto, como dijo el vocal decano René Goane al contestar interrogantes sobre una distinción que las autoridades de la UNT prefirieron no conferirle. Es la crisis de ejemplaridad, que hace estragos cuando en la función pública en general y en los Tribunales en particular proliferan las biografías impresentables.