Indagarán a ex funcionarios K y a empresarios por los trenes

El caso de “los cuadernos de la corrupción” del chofer Oscar Centeno sigue aportando derivaciones judiciales. El juez Claudio Bonadio, principal protagonista de esta megacausa, citó ahora a indagatoria a ex funcionarios kirchneristas y a empresarios del área ferroviaria.

Deberán declarar por las sospechas de circulación de coimas al amparo del negocio ferroviario que controlaba el Estado y explotaban privados, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. También serán indagados los empresarios Aldo Roggio, Gabriel Romero, Claudio Cirigliano y Sergio Tasselli, cuyas compañías explotaron las líneas de trenes metropolitanas y el subte de la ciudad de Buenos Aires, durante la gestión del kirchnerismo.

Carlos Stornelli, fiscal del caso de los cuadernos, había pedido la indagatoria de Jaime y Schiavi luego de que varios empresarios declararon como arrepentidos haber pagado coimas mientras tenían el negocio de trenes y subtes. A partir de prueba obtenida en la investigación, se abrieron varias causas judiciales, una de ellas por el pago/cobro de sobornos por la explotación del negocio ferroviario.

Uno de los arrepentidos que confesó haber pagado -además de las coimas que fueron anotadas por Centeno- por tener la explotación del subte porteño fue Aldo Roggio.

En agosto pasado, en indagatoria ante Bonadio, el empresario había declarado: “En Metrovías SA se debió acceder a la exigencia de efectuar pagos al Secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por expreso pedido que él me efectuara en forma personal en su despacho al inicio de su gestión. En 1994 el Gobierno nacional nos concesionó la prestación del servicio de subterráneos y del ferrocarril Urquiza. El contrato fue inicialmente por 20 años y en 1999 se extendió por cuatro años (concluyendo en 2017)”.

Y agregó: “la tarifa era la contraprestación por nuestros servicios. La concesión se desarrolló normalmente hasta la crisis nacional de 2002. El gobierno de Eduardo Duhalde dispuso un régimen general de renegociación de los contratos (Uniren), pese a lo cual no se llegó a concretar y tuvimos que convivir con la modalidad de compensación a través del régimen de subsidios, durante la gestión kirchnerista”.

La declaración de Roggio, termina diciendo: “esta herramienta la usaron para mantener los subsidios que daban lugar a los pagos que nos exigían. Fuimos rehenes”, afirmó.

Con el mismo argumento, se encolumnó Gabriel Romero, quien además de explotar trenes tiene la concesión de la Hidrovía del Río Paraná. Por la extensión del contrato de explotación de la Hidrovía, Romero admitió -como arrepentido- haber pagado U$S 600.000 de coimas.

Alberto Tasselli, hermano de Sergio, también declaró como arrepentido en el caso de los cuadernos. (Infobae)