Los intendentes del área metropolitana se oponen a un aumento del boleto de colectivos

Los intendentes de las grandes ciudades de la provincia se opusieron al pedido de aumento que los empresarios del transporte adelantaron que presentarán en el Concejo Deliberante de la capital y en la Dirección de Tránsito y Transporte del Poder Ejecutivo provincial.

Si bien coinciden en rechazar nuevos aumentos, el disenso estuvo marcado en la opinión respecto a la eliminación de los subsidios nacionales al transporte público: para los intendentes de Cambiemos, el gobierno de Juan Manzur cuenta con los fondos necesarios para hacerse cargo de la ayuda económica, gracias al aumento de fondos girados por la coparticipación federal. Para los jefes vecinales peronistas, se trata de una nueva medida de ajuste del gobierno nacional del presidente Mauricio Macri.

Esta semana, la cúpula de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) confirmó a este diario que la semana que viene presentarán un pedido para elevar el boleto mínimo desde los $ 15,50 actuales hasta $ 27, y elevar un porcentaje similar el cuadro tarifario de las 56 líneas interurbanas. El pedido se sustenta, explicaron, en la crisis económica por la devaluación y la eliminación de los subsidios nacionales al sector. Para 2018 están previstos distribuir $ 100.000 millones para las empresas de transporte del país. Del total, unos $ 2.100 millones se destinan a las firmas tucumanas, el 2,1 %.

“Un boleto a $ 27 es impagable por los usuarios. Para eso está el Estado: tiene que ser el Estado quien debe sostener la movilidad de todos los habitantes de la provincia. El gobernador cuenta con los fondos para hacerse cargo del subsidio porque la Nación ha transferido cifras millonarias a la Provincia”, consideró el secretario de Gobierno de San Miguel de Tucumán, Walter Berarducci.

El funcionario del intendente, Germán Alfaro (Cambiemos), pidió a la Provincia que al momento de subsidiar a las empresas no repita la distribución de fondos fijada por la ley de Emergencia del Transporte provincial (se reparten $ 20 millones mensuales a los empresarios). “La distribución de subsidios provinciales es discriminatoria, no al intendente, sino a los usuarios del transporte de la capital, porque la ayuda es sólo para las líneas interurbanas. La Provincia avaló en la firma de la addenda con la Nación las pautas del Presupuesto Nacional del año que viene, que incluye un incremento de fondos nacionales con los que el gobernador tiene para hacerse cargo de los subsidios desde 2019”, consideró.

En septiembre, cuando se otorgó el último aumento, las tarifas del Gran San Miguel de Tucumán -conformado por Yerba Buena, Banda del Río Salí, Alderetes, Las Talitas, Tafí Viejo, Lomas de Tafí y Lastenia- aumentaron un 24% respecto a la suba de febrero. El boleto denominado “Código 100 Intramunicipal”, fue fijado en $15,50 (es el valor mínimo del colectivo en cada intendencia). A partir de esa cifra, por distancias, van imponiéndose los códigos desde el 101 al 108. El código 101 pasó a $16,50; el 102, a $19; el 103, a $20,50; el 104, a $21,50; el 105 y 106, a $24; el 107, a $25,50 y el 108, a $28.

Un viaje entre Lomas de Tafí y la capital, que estaba en $13,48 pasó a $16,50 (código 101). Trasladarse en colectivo desde Yerba Buena a la capital, en tanto, se elevó de $15,46 a $19 (código 102). El recorrido entre San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo subió desde $16,54 hasta $20,50 (código 103). Viajar desde Alderetes hasta la capital cuesta $20,50 (código 103). Trasladarse desde Yerba Buena hasta Banda del Río Salí (atravesando la capital), subió de $22,83 hasta $28 (código 108). Los viajes interurbanos tuvieron mayores aumentos: el viaje a Concepción subió de $74 a $94.

Reclamo de intendentes

Si bien los 18 concejales de San Miguel de Tucumán definen el valor del viaje en las 14 líneas urbanas, una vez que conceden una suba el Poder Ejecutivo fija el aumento para los servicios interurbanos tomando ese porcentaje como referencia. Los intendentes consultados por este diario cuestionaron el pedido de aumento: si en la capital se otorga una suba, el ajuste luego impactará en las líneas interurbanas.

“Realmente es algo que perjudicará muchísimo a los trabajadores y estudiantes que utilizan mucho el colectivo. La gente no está en condiciones de seguir pagando más tarifas por la quita de subsidios, esto empezó con los subsidios a servicios”, consideró Carlos Najar, (PJ) intendente de Las Talitas. El peronista criticó al gobierno macrista: “hay que trabajar alternativas, el Estado debe velar por las clases sociales menos pudientes, porque los subsidios son para garantizar que todos puedan trasladarse. Hasta ahora, con este gobierno de tarifazos, de aquella promesa de pobreza cero creo que en realidad terminarán acabando con los pobres”.

El jefe de Gabinete de Yerba Buena, Manuel Courel (Cambiemos), manifestó a este diario que no participan de las discusiones de tarifa en Casa de Gobierno. “Si bien se trasladan los subsidios de Nación a las provincias, el Estado nacional también ha girado mayores fondos para compensar la medida. La Provincia debería hacerse cargo. No sólo reciben más fondos nacionales, sino que además el Poder Ejecutivo cierra el año con superávit fiscal, tienen fondos para hacerse cargo”, consideró el radical. Julio César Herrera, secretario de Gobierno de Concepción (Cambiemos), compartió la postura de Courel: “la provincia tiene fondos de más, tienen de sobra para hacer frente al pago de subsidios. Además de que les incrementaron la inflación tienen para poner plata en plazo fijo, superávit y la Legislatura hasta tiene ahorros”.

El intendente de Alderetes, Sergio Venegas (PJ), también se opuso a los incrementos. “Cualquier tipo de aumento en las tarifas implicaría realizar un daño todavía más grande al que vienen sufriendo los bolsillos de los trabajadores, de la gente más humilde, fundamentalmente. Si nos atenemos a lo que manifiestan los empresarios para solicitar el aumento, por la quita de subsidios del gobierno nacional, debemos instalar un debate más amplio sobre esta medida unilateral que ha tomado la gestión macrista. El transporte es un servicio público y por lo tanto el Estado tiene la obligación de sostener un servicio de calidad a una tarifa accesible”, planteó el jefe vecinal.