Denuncian penalmente por la aplicación de la ESI con contenido de género en Tucumán

Los responsables de los ministerios de Educación y de Salud fueron señalados por ocho ciudadanos.

DENUNCIANTES. Padres que acompañaron la presentación en Tribunales.  DENUNCIANTES. Padres que acompañaron la presentación en Tribunales.
29 Noviembre 2018

Padres de alumnos acudieron ayer a la Justicia para tratar de frenar la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas de Tucumán. Ocho ciudadanos interpusieron una denuncia penal contra los responsables de los ministerios de Educación y de Salud de la Provincia, acusándolos de presuntos “delitos de abuso de autoridad, instigación a cometer delito, violación de los deberes de funcionario público, corrupción de menores y apología del delito (aborto)”. El expediente N° 74.385/18 fue radicado en el Complejo 1° (fiscalía N° 1) del Ministerio Público Fiscal por el abogado Walter Marcelo Perdiguero, patrocinante de integrantes de la agrupación Padres con Derecho a Decidir.

La denuncia acompañada con 4.500 firmas expresa: “la Educación Sexual Integral con ideología de género se comenzó a implementar sin conocimiento de los padres, obligando e intimidando a los directivos de establecimientos escolares como a sus docentes a aceptar la enseñanza, impartida por terceros en los establecimientos escolares”. Afirma: “el programa que se implementa (a cargo de profesionales del Ministerio de Salud) apunta a hacer operativa la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, a la que la Provincia no está adherida”. Como tampoco está adherida a la ley 26.150 (ESI).

La presentación dice que la ESI se pone en práctica a través del Plan Nacional de Prevención ENIA que se aplicó este año en capital, Cruz Alta y Tafí Viejo. Denuncia la metodología de este plan con la entrega de profilácticos y la promoción de métodos anticonceptivos a los alumnos. Denuncias que se consignan en el escrito detallan que a alumnas de una escuela del interior se les colocó en un CAPS cercano al establecimiento implantes subdérmicos para anticoncepción “sin darles la información necesaria sobre sus consecuencias y sin requerir autorización de sus padres”.

Además de Perdiguero, los denunciantes son Pablo Gilberto Masshu, Guillermo Antonio Gamarra, Gabriel Marcelo Muñoz, María Soledad Abregú, María Verónia Torti, Isabel Celina Woites y Ana Denise Cajal Yoldi. Consultado sobre el tema, el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, dijo que no se expresará hasta ser notificado oficialmente.

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