30 Noviembre 2018
El interventor de la Caja Popular de Ahorros, José Díaz, habló de medidas dilatorias por parte del Tribunal de Cuentas durante una exposición que realizó ante un plenario de delegados de la Asociación Bancaria.
El abogado, ligado al gremio, expuso sobre la situación actual de la Caja, tanto del mejoramiento edilicio como de las condiciones laborales de sus trabajadores. E hizo un paréntesis para referirse a la tensión generada con el ente de contralor. Aseguró, según el comunicado, que las medidas dilatorias dificultan "el normal desarrollo de las gestiones que se llevan a cabo en pos de hacer más competitiva a la entidad crediticia".
Hace unos días, LA GACETA dio cuenta de que las diferencias entre la CPA y el Tribunal de Cuentas habían derivado en el envío de cartas documentos y en advertencias judiciales. Durante el período de manifestaciones generales de la sesión de hoy, el legislador y saliente titular de La Bancaria, Eduardo Bourlé, cuestionó la gestión del Tribunal de Cuentas.
El plenario bancario, del que participaron la electa secretaria general, Cecilia Sánchez Blas; y el secretario de Administración Nacional, Carlos Cisneros, ratificó el apoyo a la gestión de Díaz. El sindicato, además, confirmó su encolumnamiento político hacia la gestión del gobernador, Juan Manzur. Destacaron la reincorporación de los trabajadores bancarios despedidos en la Caja Popular, la actualización y reconocimiento de las diferencias salariales de los jubilados del ex Banco Provincia, y la firma del convenio por el cual se incorpora la Asociación Bancaria a la Escuela de los Trabajadores de la Provincia.
La puja
La Asociación Bancaria de Tucumán, a través del secretario general saliente Bourlé, actuó en representación de los empleados de la entidad crediticia, y dirigió dos notas con intimaciones formales al responsable de la delegación fiscal del TC en esa repartición, Horacio Heredia, y al titular del organismo de contralor, Miguel Terraf. Según los escritos, se incurrió en “actos ilegales y lesivos” de los derechos de los empleados de la CPA. Bourlé afirma que se “acusó a trabajadores bancarios de haber cometido delitos y se ha pretendido impedir el pago de los salarios en tiempo y forma, para luego acusar a una delegada sindical de haber incurrido en una ‘falta de respeto’”.
El secretario general saliente sostuvo por escrito que las imputaciones “a la compañera Valeria Miguel son falsas” y que estaba cumpliendo “con las funciones para las cuales fue elegida”.
Bourlé dijo que el TC “le pone palos en las ruedas” a la gestión del interventor José Díaz. “El objetivo de esta administración es recuperar el tiempo perdido en 12 años de alperovichismo”, declaró.
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