Un industrial ofrece una reparación ambiental inédita

Santiago del Estero denunció con insistencia la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce: ese papel histórico tiene como correlato la mayor compensación de daño ambiental ofrecida por un industrial en esta región. Jorge Rocchia Ferro, propietario de la Compañía Azucarera Los Balcanes SA con sede en Tucumán, está dispuesto a desembolsar al menos $ 27 millones a los fines de obtener la suspensión del juicio a prueba en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) santiagueño. La probation implica beneficios para las jurisdicciones involucradas en el proceso y el financiamiento de infraestructura para el control de los ríos expuestos a la contaminación con desechos fabriles.

La propuesta de Rocchia Ferro, que afronta la imputación junto al ejecutivo José Coronel, ha de ser aceptada por el TOF que integran los camaristas Abelardo Basbús, Juan Carlos Reynaga y Federico Bothamley. Previamente debe dar su consentimiento la fiscala federal Indiana Garzón, que ya manifestó su oposición a otras ofertas más bajas, resistencia que frustró audiencias anteriores. Los acusados de Los Balcanes SA, empresa que explota el ingenio y destilería La Florida (fábrica ubicada en la localidad tucumana homónima), formalizaría esta semana un nuevo ofrecimiento. No se descarta que la compensación económica sea superior a la indicada. La probation además destina becas en la Universidad San Pablo-T, institución educativa ligada a Los Balcanes SA, a ciudadanos de Santiago del Estero. Los representantes de la empresa contactados ayer prefirieron no hacer comentarios para preservar la negociación en marcha. Sin perjuicio de ello, informaron que, además de la reparación ofertada en el proceso penal, la compañía lleva adelante inversiones para garantizar los estándares ambientales y evitar inconvenientes en el futuro (se informa por separado).

“Limosna”

El piso de $ 27 millones es producto de las propuestas desestimadas en el pasado. Esta suma considera desde la adquisición de camionetas 4x4 y una lancha hasta la construcción de una casa y la incorporación de equipamiento específico para controlar el cumplimiento de la legislación ambiental en la Cuenca Salí-Dulce (ver “Detalles...”). La Fiscalía de Estado de Santiago del Estero, uno de los querellantes en la causa, dictaminó que corresponde aceptar la probation, que permitirá a Rocchia Ferro y a Coronel librarse de un enjuiciamiento inminente. El 30 de noviembre pasado, el titular de ese órgano, Raúl Abate, manifestó que el resarcimiento ofrecido guarda relación con el perjuicio que la empresa ocasionó en la localidad santiagueña de El Palomar (departamento Jiménez) entre 2012 y 2013. El dictamen evoca la lucha de ese Estado provincial por controlar la disposición de vinaza y otros líquidos contaminantes en efluentes del río Salí por parte de los ingenios tucumanos. Luego del Embalse Río Hondo, el curso se transforma en el río Dulce y recorre el territorio santiagueño hasta desembocar en Córdoba.

La Provincia de Tucumán también es proclive a aceptar la proposición de Rocchia Ferro, según fuentes de la Fiscalía de Estado a cargo de Daniel Leiva. Pero el beneficio sólo prosperaría si la Fiscalía ante el TOF que dirige Garzón modifica su tesitura. El artículo 76 bis del Código Penal consigna que el tribunal debe acordar la suspensión del juicio con el consentimiento del Ministerio Público Fiscal. Semanas atrás, Garzón calificó de “limosna” la propuesta de $ 18 millones formulada por el industrial. El diario El Liberal indicó que la fiscala había alegado que el daño causado no podía quedar impune y que correspondía aplicar a los acusados una sanción penal, además de exigirles la reparación económica.

En los ámbitos tribunalicios confían en que la renuencia de Garzón podría ceder gracias a las mejoras realizadas al ofrecimiento, y porque resulta incierto el resultado del debate de los presuntos hechos ilícitos imputados a Rocchia Ferro y Coronel. Esta perspectiva valora el efecto ejemplar y preventivo de la compensación contenida en la probation.

“Pantanal putrefacto”

La causa en poder del TOF de Santiago del Estero acumula distintos procesos iniciados en esa jurisdicción y en Tucumán, e instruidos respectivamente por los fiscales federales Pedro Simón y Carlos Brito (N°1). El santiagueño Simón pidió en 2015 el juzgamiento de Rocchia Ferro y de Coronel por la vinaza detectada en el paraje El Palomar. Según el requerimiento de Simón, el desecho industrial provino de la fábrica de La Florida, y afectó el suelo, el aire y el agua, además de producir riesgos para la salud. El fiscal identificó dos derrames distintos en 2012 y 2013, e incumplimientos de órdenes judiciales y administrativas por parte de Los Balcanes SA. Simón dijo que los vecinos afectados tenían escasos recursos y tuvieron que modificar sus hábitos de vida.

Por su parte y también en 2015, el fiscal Brito requirió que Rocchia Ferro vaya a juicio por la descarga de residuos peligrosos con olor nauseabundo en un canal de riego ubicado en La Florida, que conecta a esa localidad tucumana con Santiago del Estero. En esa investigación abierta en 2011, Brito advirtió que la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán había clausurado preventivamente el ingenio luego de constatar que carecía de un plan para contener los derrames.

Las denuncias de contaminación de la Cuenca Salí-Dulce como consecuencia de la actividad industrial en Tucumán se intensificaron durante la década pasada. En 2005, el Gobierno de Santiago del Estero pidió en la Justicia Federal la apertura de una investigación que involucró a 22 empresas locales. Durante aquel año, las autoridades de la provincia vecina publicitaron un informe técnico que afirmaba que el vertido de desechos en los ríos había transformado al dique Frontal de Las Termas de Río Hondo en un “pantanal putrefacto”.

LA FIRMA DE ROCCHIA FERRO ASEVERÓ QUE TRABAJA POR CUIDAR EL AMBIENTE

La Compañía Azucarera Los Balcanes SA, que explota el ingenio y destilería La Florida, prefirió no hacer comentarios sobre la “probation” inédita que ofreció en el ámbito de un proceso penal en Santiago del Estero. Voceros de la firma tucumana expresaron que, más allá de esa reparación, estaban invirtiendo sumas cuantiosas para llegar a la meta de “vinaza cero” en menos de un año y concluir una planta de tratamiento de cenizas.

EL INSTITUTO DE LA “PROBATION”

LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA DETIENE EL PROCESO Y NO IMPLICA LA ADMISIÓN DE CULPAS

El imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba o “probation”, según el artículo 76 bis del Código Penal. Este beneficio permite suspender el trámite del proceso penal hasta un máximo de tres años, plazo en el que el imputado ha de cumplir las reglas de conducta estipuladas por el tribunal (ese período no se computa a los fines de la prescripción).

Al presentar la solicitud, el acusado ofrecerá hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. Si durante el tiempo fijado para el cumplimiento de la “probation” el acusado no comete un delito, repara los daños en la medida ofrecida y cumple con las reglas de conducta establecidas, se extinguirá la acción penal. En el caso contrario, el juicio será celebrado, siempre de acuerdo a las previsiones del Código Penal.