14 Diciembre 2018
La nueva comisión directiva del gremio bancario salió nuevamente a blindar a la actual gestión de la Caja Popular de Ahorros, en medio de un tironeo con el Tribunal de Cuentas.
"¿Por qué el TC demora más de seis meses un trámite que en otras gestiones salía velozmente? Como producto de la inflación que vivimos, ese retraso en los controles le significa a la Caja Popular un gasto mayor", se preguntaron la flamante secretaria general del sindicato, Cecilia Sánchez Blas; y el secretario de Prensa, Darío Amatti.
Un día después de haber protagonizado una protesta y una representación artística frente a la sede del Tribunal de Cuentas, los bancarios dirigieron una carta abierta a los trabajadores de la entidad crediticia estatal. "Un dirigente gremial fue a reclamar por el pago en tiempo y forma del sueldo de sus compañeros, y recibió como respuesta una denuncia en su contra. ¿Qué esconde el TC detrás de esa actitud temeraria en contra de los trabajadores de la Caja Popular?", ampliaron en el texto.
"La mejora edilicia de la casa central y de las sucursales, el arreglo de ascensores y la adquisición de camiones blindados son medidas que tienden a fortalecer la imagen de la Caja. La contratación de una auditoría externa nos permitirá saber dónde estamos parados", señaló Sánchez Blas.
La Caja Popular es ahora conducida por el abogado José Díaz, ligado al gremio bancario. Desde La Bancaria alegan persecución y acoso laboral por parte del organismo de contralor hacia una delegada de la entidad. De hecho, hubo envíos de cartas documentos. En noviembre, la Asociación Bancaria de Tucumán, a través del entonces secretario general (y legislador provincial) Eduardo Bourlé, actuó en representación de los empleados de la entidad crediticia, y dirigió dos notas con intimaciones formales al responsable de la delegación fiscal del TC en esa repartición, Horacio Heredia, y al titular del organismo de contralor, Miguel Terraf.
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