La polémica por el nuevo protocolo impulsado por la ministra Patricia Bullrich continúa. Ésta nueva medida da una mayor libertad a los agentes de seguridad para el uso de armas de fuego. El papa Francisco se refirió a este tema y advirtió hoy que el abuso de la fuerza policial puede convertirse en un “crimen de Estado”.
El Papa hizo esta afirmación en un documento entregado a los miembros de la Comisión Internacional contra la pena de muerte con quienes se reunió hoy, en el día de su cumpleaños número 82, en el Vaticano.
Francisco subrayó también en el texto que “la defensa del bien común exige colocar al agresor en la situación de no poder causar perjuicio”, por lo que “los que tienen autoridad legítima deben rechazar toda agresión, incluso con el uso de armas, siempre que ellos sea necesario para la conservación de la propia vida o la de las personas a su cuidado”.
El Papa añadió que “toda acción defensiva, para ser legítima, debe ser necesaria y mesurada” y advirtió que “un acto que proviene de buena intención puede convertirse en ilícito si no es proporcionado al fin”.
Siguiendo con esto, dijo que “si uno, para defender su propia vida, usa de mayor violencia que la precisa, este acto será ilícito. Si rechaza la agresión moderadamente, será lícita la defensa, pues, con arreglo al derecho, es lícito repeler la fuerza con la fuerza, moderando la defensa según las necesidades de la seguridad amenazada”.
Francisco, aparte, pidió a todos los Estados que continúan aplicando la pena de muerte a “que adopten una moratoria con miras a la abolición de esta forma cruel de castigo”.
“La suspensión de las ejecuciones y la reducción de los delitos conminados con la pena capital, así como la prohibición de esta forma de castigo para menores, embrazadas o personas con discapacidad mental o intelectual, con objetivos mínimos con los que los líderes de todo el mundo deben comprometerse”, argumentó.
Así, el pontífice recordó que en la nueva redacción del Catecismo de la Iglesia Católica se declara “inadmisible” en cualquier caso la aplicación de la pena de muerte. “A nadie puede quitársele la vida ni la esperanza de su redención y reconciliación con la comunidad”, recalcó.