18 Diciembre 2018
LEGISLACIÓN GENERAL. Cativa (PJ), desde la cabecera, presidió la reunión. prensa legislatura
En la jerga política se dice que un funcionario cuenta con “superpoderes” cuando recibe facultades extraordinarias para tomar decisiones. En definitiva, a eso apuntan dos proyectos de ley del oficialismo, que están destinados a fortalecer las figuras del ministro público Fiscal, cargo que ocupa Edmundo Jiménez, y del ministro público de la Defensa, puesto para el que fue recientemente designado Washington Navarro Dávila.
La primera iniciativa, impulsada por el peronista Marcelo Caponio, propone que las “cabezas” de los Ministerios Públicos del Poder Judicial de Tucumán puedan designar y remover a los fiscales regionales y a los defensores regionales, dos oficinas que debutarán cuando se ponga en marcha el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia, cuya fecha de implementación será otra vez aplazada (pasará del 1 de febrero al 5 de mayo de 2019).
Estos actores pueden llegar a tener un rol clave en los tribunales. Los ámbitos de intervención y sus alcances estarán atados a las políticas que instrumenten Jiménez y Navarro Dávila. Sus funciones serán “supervisar la tarea” de los fiscales y de los defensores oficiales que se desempeñen en su territorio; colaborar con las “cabezas” de los Ministerios Públicos; velar por el cumplimiento de los plazos procesales; y “promover la correcta carga de datos para informes estadísticos”, entre otras.
Repercusiones políticas
En el caso de los fiscales regionales, además, tendrán una competencia con repercusiones políticas. “Si se formulase denuncia contra un legislador, magistrado o funcionario sujeto a juicio político o juicio de destitución, el fiscal de turno comunicará inmediatamente la denuncia al fiscal regional, quien ejercerá personalmente la dirección de la investigación, formulará acusación o requerimiento de sobreseimiento, actuará en juicio y podrá formular impugnaciones ante los tribunales correspondientes, cualquiera sea su instancia. En ningún caso podrán delegar esta función en un fiscal que cumpla funciones en el ámbito de la fiscalía regional a su cargo”, indica el nuevo Código Procesal Penal local en el apartado “inmunidades constitucionales”.
El proyecto de Caponio recibió ayer dictamen favorable de la comisión de Legislación General, que preside el peronista Roque Cativa. Según los fundamentos de la propuesta, este sistema de nombramientos asignado a los ministerios públicos “satisface plenamente los recaudos y garantías en la elección de funcionarios constitucionales, que han sido especialmente tenidos en cuenta en las últimas reformas incorporadas al Consejo Asesor de la Magistratura”.
Contrataciones directas
La segunda reforma judicial que otorga “superpoderes” al jefe de los fiscales y al de los defensores oficiales apunta a lo administrativo. En este caso, el proyecto elevado por Ramón Santiago Cano, Nancy Bulacio y Cativa debe ser estudiado por la comisión de Hacienda y Presupuesto. La iniciativa busca la autorización a favor del ministro Fiscal y del ministro de la Defensa “a contratar en forma directa, previo cotejo de precios, la realización de obras, como así también a la adquisición de bienes, inmuebles, la contratación de servicios y designación de personal que resulten necesarios para un mejor funcionamiento y una mayor eficiencia en el cumplimiento de los fines de su creación”. La propuesta, que no cuenta con fundamentos, fija una vigencia de 18 meses para estos “superpoderes”, que podrán ser prorrogados.
Sin quórum
Para ayer estaba prevista la reunión de Asuntos Constitucionales en la que se le iba a dar dictamen al proyecto para incluir a los ministros públicos Fiscal y de la Defensa en el Consejo Asesor de la Magistratura. Pero la comisión no pudo actuar por falta de quórum. De todos modos, como la última sesión de 2018 será el viernes, el grupo de trabajo aún tiene margen para habilitar este debate en el recinto.
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