“A este Tribunal no lo presiona nadie ni nada”, manifestó Dante Ibáñez como respuesta a Gustavo Carlino, defensor de Nicolás Barrera. El abogado, minutos antes, había finalizado su alegato pidiendo “una sentencia ejemplar, sin influencias mediáticas y de otros tipos”, además de la absolución del imputado por encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos.
“Sé que en las 133 audiencias ningún testigo probó de forma directa e indirecta, dolo indirecto, directo, eventual que Barrera haya sido responsable”, argumentó ayer.
El letrado concretó su exposición durante la última jornada del juicio oral de 2018, proceso que había iniciado en febrero pasado. Apuntó a que Barrera, ex subjefe de Policía, no había dado órdenes en el lugar del hallazgo del cuerpo de la joven, ni sobre el levantamiento del cuerpo o la recolección de pruebas. Tampoco que haya incidido en la autopsia del cadáver, cuestionado por los peritos de Gendarmería Nacional a través de la reconstrucción oficial.
“El comandante (Miguel) Sánchez de Gendarmería (a cargo de la reconstrucción) dijo que había sido vergonzoso lo que había pasado el día 11 y el 12 de marzo. Pero, ¿Barrera era el culpable? No. De la bioquímica (y responsable del levantamiento de pruebas, Lilia) Moyano manifestó que era un desastre. Tampoco tuvo la culpa Barrera”, sustentó.
“Al llegar al lugar del hecho, quedó supeditado a la figura máxima. Lo dijo el mismo (acusado Hugo) Sánchez, que quedaba supeditado y subordinado a las funciones del jefe de Policía”, agregó.
Tras el segundo receso de la mañana, Carlino hizo referencia a una de las pruebas que ha complicado a su defendido durante el juicio: la nota de apoyo al reingreso del ex comisario de Raco, Enrique García, en 2007 -fue condenado en 2013 a prisión por falsificación del acta del hallazgo de Paulina sin vida-. “Fue (una opinión) indirecta, no tenía conocimiento directo de García”, expresó. En esa línea, remarcó que la nota había sido elevada al jefe de la fuerza de seguridad “siguiendo la lógica de los actos administrativos” internos y que no conocía a García.
“El comisario Enrique Antonio García, durante su trayectoria en la institución, ha demostrado capacidad, carácter, humildad, subordinación y lealtad; personalmente opino que es un elemento humano necesario y recuperable en provecho del servicio, encontrándose dadas las condiciones necesarias para que el comisario Superior, mediante resolución fundada (se) disponga el cese de sus situación de revista pasiva por el proceso (judicial)”, había expresado la nota de respaldo del ex subjefe de Policía, en 2007. En ese texto solicitó el reintegro al “servicio efectivo” del ex jefe de la seccional de Raco para cumplir “funciones internas, sin ejercer acciones operativas y de policía judicial directas”.
Barrera visitó años después a García, día antes de declarar en una causa en su contra. El defensor aclaró que se trató de una acción “humanitaria”.
Como ocurrió con la absolución, el abogado se adhirió a los planteos que habían efectuado sus pares respecto del rechazo de la acción civil y la prescripción de esa demanda. Inclusive, requirió la extinción del delito de abuso de autoridad, establecida antes por la defensa de los acusados Héctor Rubén Brito, Sánchez y Di Lella, como así también rechazó el pedido de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público Fiscal y la querella.