Habrá, al menos, dos debates de presidenciables

Las elecciones presidenciales del 27 de octubre tendrán este año el condimento histórico de la realización, por primera vez en la Argentina, de por lo menos dos debates obligatorios entre los candidatos, que podrían ser cuatro en caso de que hubiese balotaje. Los primeros dos deben realizarse un mes antes de las elecciones generales del 27 de octubre; uno se hará en la ciudad de Buenos Aires, el cual ya tiene fijada la fecha del 13 de septiembre, mientras que el segundo se hará en el interior del país.

El vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral (CNE), en ejercicio de la presidencia, Alberto Dalla Vía, explicó a la agencia Télam que el debate, reglado por la ley 27.337 de 2016, fijó en ese órgano la preparación de los debates, y la “convocatoria” al primero está prevista para el viernes 13 de septiembre, es decir 44 días antes de las elecciones, según el cronograma electoral, y agregó que en caso de balotaje (24 de noviembre), se harán otros dos, con el mismo formato.

Con ese fin, Dalla Vía contó que la Cámara -que tiene a su cargo la organización y el escrutinio definitivo de la elección (no el provisorio)- decidió crear un consejo plural de asesoramiento para definir el formato y los temas de exposición por parte de cada uno de los candidatos a presidente, y recordó que la ley establece penas para los que postulantes que no participen, como “mostrar el sillón vacío” durante el debate.

En las últimas elecciones presidenciales, en 2015, en las que Mauricio Macri (Cambiemos) venció a Daniel Scioli (Frente para la Victoria) por 51,34 a 48,66 % en el balotaje, se hicieron dos debates, uno antes de la general, y el otro previo a la segunda vuelta, pero no fueron obligatorios, sino que fueron organizados por la ONG Argentina Debate, y se hicieron ambos en la Facultad de Derecho de UBA, en la ciudad de Buenos Aires.

“Ahora tenemos la responsabilidad que nos da una ley sancionada por el Congreso, que es la de ocuparnos del debate presidencial, un debate que nació desde la sociedad civil como un bien público originado en un grupo de Argentina Debate, del cual participaron muchas ONG, pero que ahora la ley pone en cabeza de la Cámara Electoral”, contó Dalla Vía. “Por eso -se explayó- hemos convocado a distintas Ongs, a Argentina Debate también, pero además a muchas otras de distinto signo político, porque esto va a ser un debate entre fuerzas políticas de distinto color y distinta ideología, así que hemos tratado de conformar antes de fin del año pasado un consejo asesor con un amplio espectro ideológico y, al mismo tiempo, empezar a visualizar cuáles son las tareas que vamos a tener que llevar adelante”.

En cuanto al formato del debate presidencial, dijo que, “entre otras cosas, hay que decidir en qué lugar del interior se hará, y hay que decidir que temas y quién modera al debate”, un aspecto que parece nada fácil para los organizadores.

Propuestas de postulantes

En tanto, el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez -que tiene a su cargo todo lo relacionado con la elección que depende del Poder Ejecutivo-, evaluó que el cruce de candidatos “ahora es obligatorio y eso es muy importante para el ciudadano pueda conocer la propuesta de los postulantes y así llegue informado a hora de votar”.

Acerca de la realización de dos debates, uno en la Capital Federal y otro en el interior del país, consideró que ello “es beneficioso” para la gente y recordó que eso surgió como propuesta desde el Congreso durante el tratamiento de la ley 27.337, que reformó el Código Electoral. Pérez destacó el hecho de que habrá sanciones para el candidato que no quiera participar del debate, ya que es obligatorio, como quitarle “los espacios de publicidad en los medios audiovisuales, y también que la silla esté vacía en el debate”.

A su vez, Dalla Vía anticipó, sobre los pormenores de los históricos debates, que “nuestra idea es que sean los propios equipos de campaña de los candidatos lo que vengan a una audiencia en la Cámara Electoral y lo acuerden”. Y aclaró que “en lo que no haya acuerdo decidirá la Cámara, ya que nosotros somos jueces, y nuestro trabajo es decidir, pero primero vamos a buscar el consenso político y el diálogo”.