“La verdad y la justicia siempre prevalecen”, confía Alberto Lebbos

“Hasta el último aliento voy a buscar a los asesinos”, ratificó Alberto Lebbos, el padre de Paulina, la joven que fue secuestrada y asesinada el 26 de febrero de 2006.

Hoy se conocerá la sentencia del juicio que se inició hace más de un año. Fue un debate largo, en el cual el “no recuerdo” fue un reiterado hasta el hartazgo, en nombre del paso del tiempo. Aún así, surgieron testimonios clave que perjudicaron a varios de los imputados y aportaron nuevos indicios para que el Tribunal ordene investigaciones por las inéditas hipótesis. “La verdad y la justicia, inexorablemente, siempre prevalece”, agregó.

Desde el principio

Paulina, de 22 años, fue a bailar con un grupo de amigos a un boliche de la zona de El Abasto, de moda hace 13 años. A la salida, ella y su amiga Virginia Mercado abordaron un remise que tuvo una primera parada en la casa de la estudiante salteña. Luego, supuestamente, el vehículo iba a seguir viaje hacia la casa de la pareja de Paulina, César Soto, en la zona del parque 9 de Julio. Pero la hija de Alberto Lebbos nunca llegó a ese destino. Su cuerpo, mutilado, fue encontrado el 11 de marzo a la vera de la ruta 341, en el paraje conocido como La Yesera, en Tapia, camino a Raco.

En el lugar y en el día que encontraron el cadáver comenzaron a florecer las irregularidades. Alejandro Noguera, el primer fiscal a cargo del caso, poco pudo hacer porque lo separaron del cargo al ser sorprendido saliendo de una reunión de la casa del ex gobernador José Alperovich. La causa pasó a manos de su par Carlos Albaca, quien fue denunciado de haber realizado maniobras presuntamente destinadas a alertargar la investigación. Al final, el expediente quedó en poder de Diego López Ávila.

Este último, después de meses de investigación, pudo establecer una hipótesis. Roberto Luis Gómez, un electricista de San Andrés, junto con personas a las que no pudo identificar, privaron de la libertad, ahorcaron a Paulina y la arrojaron en el lugar donde fue encontrada. La investigación llegó hasta él porque introdujo un chip que estaba a su nombre en el celular de la joven. En el juicio, el acusado no pudo justificar cómo obtuvo el aparato y sus defensores, Macario Santamarina y Héctor Villalba, pidieron la nulidad de los informes de la compañía telefónica, como último recurso para evitar que sea condenado.

López Ávila también sumó pruebas para sospechar que hubo numerosas maniobras de encubrimiento e irregularidades en la investigación. Por ello, acusó a Eduardo di Lella, ex secretario de Seguridad; Hugo Sánchez, ex jefe de Policía; Nicolás Barrera, ex subjefe de Policía; Héctor Brito, ex jefe de la Unidad Regional Norte; y Waldino Rodríguez, ex policía de Raco.

Durante la audiencia, ninguno de estos cinco acusados pudo derrumbar las pruebas ni los testimonios que se recogieron en su contra. Los defensores ellos pidieron la absolución de todos, pero en los pasillos se dice que festejarán si reciben condenas condicionales, es decir, por los que no irían a prisión.

La última audiencia

Los jueces Rafael Macoritto, Carlos Caramuti y Dante Ibáñez convocaron la apertura de la última audiencia para hoy a las 8.30. Se escucharán las últimas palabras de los acusados Sánchez, Gómez y di Lella. Después, el Tribunal pasará a un cuarto intermedio para deliberar. Está previsto que después de las 19, en el marco de un operativo de seguridad que incluirá 60 efectivos, se lea el fallo. Por la importancia del caso, el Tribunal decidió que el momento de la sentencia sea transmitida en vivo por Canal 10 y el canal de Youtube de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

En la resolución final del juicio no sólo se sabrá si los imputados serán condenados, sino que además se conocerá la decisión del tribunal sobre las otras líneas de investigación que surgieron sobre el debate. Entre otros puntos, se definirá si se ordena la investigación de Soto (pareja de la víctima) y de Sergio Kaleñuk (el único integrante de la pista denominada “Los hijos del Poder” que quedó implicado) para determinar si estuvieron implicados homicidio. También definirán si Virginia y Jimena Mercado incurrieron en falso testimonio.

Los jueces están habilitados para ordenar que se abran causas, contra las personas que ellos consideren, sobre la base de indicios que hayan surgido en el debate.

Si eventualmente se pronunciaran en ese sentido, los magistrados deberán determinar qué fiscal dirigirá esas pesquisas. Normalmente, se designa al que pidió elevación a juicio de la causa. En este caso, López Ávila. “Apoyamos el trabajo que realizó. Es la persona idónea para seguir al frente”, respaldó Lebbos.

El padre de Paulina tenía la esperanza de que algún imputado “se quebrara” en el juicio. Pero dijo que no se rendirá. “Más allá del fallo, con (el abogado) Emilio Mrad ya tenemos listas una serie de presentaciones para hacer que la verdad salga a la luz. Esto no termina aquí”, concluyó. Mañana encabezará la marcha número 650 pidiendo justicia por Paulina, como todos los martes desde hace casi 13 años.