26 Febrero 2019
Como todos los martes, tucumanos se reunieron en plaza Independencia para marchar por el caso Paulina Lebbos. Pero esta ocasión fue especial, porque hoy se cumplen 13 años desde que la joven fue secuestrada y asesinada. Además, se lleva a cabo un día después de que se conozca la sentencia del juicio que duró un año.
La “Jornada de Lucha Contra la Impunidad”, se realizó desde las 19.30. Por medio de un sistema llamado “radio abierta”, padres de víctimas de la impunidad contaron sus historias desde el escenario a todos los presentes que acompañaron la movilización.
Alberto Lebbos, el padre de Paulina, estuvo también en la convocatoria junto con amigos y familiares. “Siento que los asesinos de Paulina siguen caminando entre nosotros. Queda una ardua lucha todavía”, expresó ayer Lebbos luego de conocer la resolución del juicio y a los cuatro condenados.
“Me causa mucho dolor que todo quede impune y que haya gente que esté involucrada y no pague lo que hizo. Esperaba otro resultado”, opinó Marta Ibáñez, una mujer que se sumó al reclamo generalizado de la plaza, en desacuerdo a lo resuelto ayer por la Justicia.
Roberto Luis Gómez, único acusado de participar en el homicidio, fue absuelto. En cambio, Eduardo di Lella, Hugo Sánchez, Nicolás Barrera, Héctor Brito y Waldino Rodríguez fueron condenados ayer por la noche a penas de entre tres y seis años de prisión.
Otro pedido se sumó a la jornada de hoy en la plaza. Organizaciones se reunieron para exigir la interrupción legal del embarazo de la niña de 11 años que había sido abusada por la pareja de su abuela. “Tuvimos la necesidad de convocar para continuar con el pedido porque hoy el Siprosa iba a tomar la decisión”, dijo Karen Tejerina de la agrupación “Pan y Rosas”.
“Queremos que se garantice la Interrupción legal del embarazo (ILE) y que Tucumán adhiera al protocolo nacional de ILE”, expresó Tejerina.
El Estado puso en marcha el procedimiento para interrumpir el embarazo de la niña. El Siprosa hizo una presentación en la Justicia donde informó que llevará adelante las acciones necesarias.
Finalmente, se confirmó que se aplicará la práctica prevista en el fallo “FAL”. Esa sentencia de 2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación obliga a los estados provinciales a garantizar la interrupción del embarazo cuando este es producto de una violación. En esas circunstancias, el procedimiento no es punible -no genera responsabilidad penal- tanto para la mujer que lo requiere como para los profesionales que lo practican.
Tanto la menor de edad como su madre habían pedido este procedimiento en el Hospital del Este. La situación es crítica puesto que la niña cursa un embarazo que supera las 23 semanas de gestación.
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