La Policía incorpora al Presupuesto 2019 $ 419 millones producto de los Adicionales

Tras la sanción de la ley 9.146, que modificó el régimen de vigilancia estatal paga, el Gobierno registró los ingresos de manera formal. El Tribunal de Cuentas le había requerido a la fuerza que diera tratamiento presupuestario al dinero obtenido por ese servicio.

DOBLE TAREA. El personal en servicio debe prestar las funciones ordinarias en su horario de trabajo. De franco, además, puede brindar “adicionales”. la gaceta / archivo DOBLE TAREA. El personal en servicio debe prestar las funciones ordinarias en su horario de trabajo. De franco, además, puede brindar “adicionales”. la gaceta / archivo

Luego casi cinco décadas de existencia, los fondos generados por la Policía de Tucumán a partir de la prestación de los Servicios Adicionales quedaron registrados en el Presupuesto General de la Provincia para 2019.

A partir del decreto 360/3 (SH), firmado el 18 de febrero por el gobernador Juan Manzur y publicado la semana pasada en el Boletín Oficial, fueron incorporados al erario $ 419,3 millones. A la vez, los recursos fueron destinados a reforzar las partidas presupuestarias de la propia fuerza.

De esta manera, la Casa de Gobierno daría cumplimiento a los planteos administrativos formulados por el Tribunal de Cuentas (TC) por la no inclusión de esos dineros en el Presupuesto. De hecho, los integrantes del ente de control, Miguel Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales) habían rubricado también el 18 de febrero el acuerdo 626, en el que requerían al Departamento General de Policía que “aporte documentación” para avalar la no incorporación de los fondos originados por los Servicios Adicionales a la normativa presupuestaria, en el marco de las actuaciones relativas a la Cuenta de Inversión de 2014.

Cambio normativo

En diciembre pasado, en medio de la polémica por la prestación de este tipo de vigilancia paga, el gobernador envió un proyecto a la Legislatura para modificar el régimen de los Adicionales. Entre otros puntos, la ley 9.146 establece que el servicio “deberá estar registrado, y su incumplimiento por parte del personal policial será considerado falta gravísima y dará lugar a la sanción correspondiente”. De esta forma, las recaudaciones que antes quedaban anotadas de manera informal ahora tienen que estar asentadas. En otro párrafo, la norma faculta al Poder Ejecutivo “a efectuar las adecuaciones presupuestarias que fueran necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley”.

El artículo 14, inciso a), del Presupuesto General 2019, habilita al PE a incrementar las partidas cuando “se generen nuevos recursos o surjan nuevas fuentes de financiamiento no previstas” en el cálculo anual de erogaciones”. Sobre esta base fue redactado el decreto 360/3 (SH), que fue refrendado por el ministro de Economía, Eduardo Garvich, y que apunta a “gestionar la incorporación en el Presupuesto General de la Provincia para 2019 de los fondos provenientes del Programa Policía Adicional, por la suma de $419,3 millones”.

El instrumento, además, fija el destino previsto para ese dinero en distintas partidas subparciales. Así, $ 28 millones fueron cargados a la partida 299 (no especificado dentro de la categoría “bienes de consumo”, que incluye elementos de limpieza y repuestos, entre otros); el grueso del dinero, $ 365,8 millones, fueron a la partida 399 (no especificados dentro de la categoría de “servicios no personales”); también fueron habilitados $ 2,8 millones para equipos de computación y $ 1,8 millón para equipos de oficina y muebles; y $10 millones para “equipos de seguridad varios”. También fueron reservados fondos para ayudas sociales que se otorga al personal de la fuerza cuando no existen contraprestaciones, como el caso de subsidios para cónyuges de agentes que hubieran caído en el cumplimiento de su deber, explicaron fuentes del área de Seguridad de la Casa de Gobierno.

Con convenios

El ministro de Seguridad, Claudio Maley, había anunciado en enero la creación de la Dirección General de Servicios Adicionales, un organismo independiente del área de Administración Financiera de la fuerza, aunque bajo la órbita de la Subjefatura de Policía. “Sin convenios, no habrá prestación de servicios”, había dicho el funcionario, para despejar dudas con respecto a la posibilidad de que se siguiera brindando la vigilancia estatal paga de manera informal. En el nuevo régimen, además, está expresamente prohibido que los agentes afectados a esas tareas deberán estar “en servicio efectivo y en horas de descanso”. “Hay que tomar en cuenta que los efectivos que, voluntariamente, se postulan para prestar ese servicio lo hacen con el uniforme de la fuerza; además, cuentan con el seguro que se contrata para la actividad policial”, había explicado Maley en esa ocasión.

Comentarios