La comisión de la Mujer cierra el caso de la niña de 11 años, pero legisladores analizan más medidas

Peronistas y radicales instan a debatir proyectos sobre el protocolo de ILE y sobre educación sexual integral, aunque aún no están en agenda.

EXTENSA EXPOSICIÓN. Medina, presidenta de la comisión de la Mujer, coordina el debate desde la cabecera. La reunión comenzó a las 11 y finalizó a las 14. prensa legislatura EXTENSA EXPOSICIÓN. Medina, presidenta de la comisión de la Mujer, coordina el debate desde la cabecera. La reunión comenzó a las 11 y finalizó a las 14. prensa legislatura

Con la exposición verbal de la jueza de Familia y Sucesiones, Valeria Judith Brand, y el informe por escrito del Ministerio de Salud de la Provincia, a cargo de Rossana Chahla, la comisión de Protección de Derechos de la Mujer del Poder Legislativo cerró ayer el tratamiento del caso de la niña de 11 años víctima de abuso sexual, quien fue sometida a una cesárea luego de haber requerido la interrupción legal del embarazo (ILE).

La oficialista Graciela Medina (PJ), presidenta del comité parlamentario, explicó a la prensa que, a partir de la documentación obtenida, cada legislador podrá “seguir trabajando en proyectos que consideren (positivos) para este tipo de situaciones”. Pero aclaró: “damos por concluida nuestra intervención al respecto, para no continuar victimizando a la niña”.

En la Legislatura, el disparador de la discusión sobre la ILE fue el tratamiento recibido desde el Estado provincial por una menor identificada con el nombre ficticio “Lucía”. Como consecuencia de la violación perpetrada por un hombre de 65 años -era pareja de la abuela de la víctima-, la niña cursaba un embarazo de aproximadamente 25 semanas de gestación. “El 25 de febrero (su familia) pidió formalmente que se quería acceder a una ILE. La cesárea fue para la seguridad de la paciente, era imposible practicar un aborto por vía vaginal o con medicamentos”, aseveró Chahla en Buen Día, el matutino de LG Play, el 28 de febrero, horas después de la intervención médica.

La vicepresidenta de la comisión de Protección de Derechos de la Mujer, Silvia Rojkés, había requerido informes al entender que no se había dado el trato correspondiente al caso desde el Estado. Así, junto a Medina y el resto de sus pares, firmó la citación a funcionarios judiciales y del Siprosa para que dieran cuenta de lo ocurrido. Hubo un faltazo a la primera convocatoria, la semana pasada. Pero ayer la comisión entrevistó a la jueza Brand, y recibió copias de un escrito firmado por Chahla y por el funcionario del Siprosa, Gustavo Vigliocco, según se informó. Además, concurrieron dos especialistas del Poder Judicial, Emiliano Gato y Lourdes Bascary. “Tener esta información es valioso porque nos permite trabajar en conjunto de una manera responsable”, destacó la peronista Medina. Indicó luego que el material recolectado permitirá “saber qué hay que reforzar” en el sistema de atención. “Es un trabajo de construcción permanente”, señaló. Luego, ante una consulta de LA GACETA, detalló que la comisión a su cargo finalizó el abordaje del caso. “No se puede hacer un dictamen porque no estamos resolviendo. Estamos dejando constancia de que se produjo este encuentro, que era esperado y necesario. Pero hay una ley importante, de emergencia (en Violencia contra la Mujer), y en ella nos pide no revictimizar; por eso debemos darle un cierre a este tema, para no seguir haciendo de ‘Lucia’ una revictimización”, manifestó.

Medina confirmó que existen proyectos con estado parlamentario tendientes a formalizar la aplicación de un protocolo para ILE, siguiendo los parámetros del Código Penal y del fallo “FAL”. “Están presentados, pero no hemos fijado una agenda ni una fecha (para su tratamiento)”, dijo la justicialista.

Por lo pronto, sus pares anticiparon que insistirán con el impulso de medidas sobre el tema. Rojkés reiteró su postura a favor

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