05 Abril 2019
EN SU REFUGIO. Pineda, que criaba gallos de riñas, en la quinta “La Soñada”.
“Se los sancionó pasándolos a retiro, pero seguirán siendo investigados por la Justicia. Este es el mensaje claro que queremos dar a los hombres de la fuerza y a la sociedad en general”, aseguró el Ministro de Seguridad Claudio Maley al conocerse ayer que el Gobierno decidió darles de baja a dos comisarios que fueron procesados al ser sospechosos de haber cometido varios delitos.
El comisario Alfredo Pineda fue uno de los que quedó fuera de la Policía, el funcionario que había sido detenido acusado de haber intentado robar cables del alumbrado público de la localidad de Alberdi. La confirmación de su retiro se confirmó horas después de que se anunciara que el fiscal Jorge Echaide pidiera que sea enjuiciado por haber baleado a un supuesto asaltante en la localidad Los Sarmiento, al sur de la provincia. Pero Pineda también enfrenta causas por robo, homicidio culposo, exenciones ilegales, lesiones y lesiones culposas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y amenazas, entre otros delitos por los que viene siendo investigado desde hace ya varios años.
En 2012 fue absuelto en juicio que se le hizo en su contra por un cuádruple crimen, según se publicó ayer en el Boletín Oficial. En diciembre, había sido distinguido por el gobernador, Juan Manzur, y por el vicegobernador, Osvaldo Jaldo.
El otro comisario que pasó a retiro es Sergio Sosa. El funcionario que fue puesto en disponibilidad cuando era segundo jefe de la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop). El oficial de la fuerza fue procesado en febrero por Privación ilegítima de la libertad en concurso real con delito de presunta extorsión en tentativa de cohecho y otros delitos. Un joven comerciante lo denunció junto a otros tres subalternos de haberlo detenido ilegalmente para exigirle el pago de una suma de dinero para que no le iniciaran una causa en su contra.
“No alcanza con ponerlos en disponibilidad. Pese a que aún hay que modificar varias normas, estamos decididos a que los que violen las leyes sean sancionados lo más rápido posible para que sea tomado como ejemplo. Vamos a acelerar el proceso de expulsión de la fuerza, más allá de lo que decida y los tiempos procesales de la Justicia”, comentó el ministro en una entrevista con LA GACETA.
El funcionario agregó: “además, ya está trabajando la oficina de Asuntos Internos, que tendrá una misión clara: investigar las acciones del personal de la fuerza. En caso de que detecten alguna irregularidad, se definirá si les corresponde afrontar algún tipo de sumario y administrativo. También se desarrollará una denuncia en la Justicia para que defina si es que le corresponde ser investigado judicialmente”. Hace poco más de dos semanas, desde el Área de Seguridad se informó que todos los grados superiores de la fuerza deberán presentar una declaración jurada sobre los bienes. Una vez que se tengan los datos, será la oficina de Asuntos Internos la que deberá analizarlos.
“No vamos a tolerar más irregularidades. Las órdenes son claras y vamos a continuar hasta las últimas consecuencias para que se acaben esto problemas. Queremos aplaudir a los que realicen bien su trabajo y sancionar a los que actúan fuera de la Ley”, concluyó Maley.
Lo más popular
