22 Abril 2019
Los ataques de arrebatadores en moto se han convertido en una plaga urbana que llega a generar psicosis en varios sectores de la comunidad, en especial mujeres y personas ancianas. Asimismo, obligan a medidas especiales de precaución vecinal en los barrios de la periferia, tal como atestiguan períodicamente las crónicas policiales, que dan cuenta de que en las paradas de ómnibus es habitual que ocurran situaciones de mucha violencia a causa de estos asaltantes que recorren las calles en busca de víctimas. Por cierto, hace dos años el entonces secretario de Seguridad había sentenciado que “el principal flagelo en Tucumán es el motoarrebato”.
Nuestra crónica de ayer refleja los problemas que han tenido las autoridades para enfrentar y prevenir esta modalidad delictiva, que ha ido aumentando leve pero continuamente, según puede percibirse, desde que el ex funcionario definiera la magnitud del flagelo. En efecto, de los informes actuales del ministro de Seguridad, se extrae que en los cuatro meses de diciembre a marzo pasado hubo 403 ataques de motochorros denunciados, mientras que en los cuatro meses anteriores, de agosto a diciembre, se denunciaron 402 casos, y en los seis meses anteriores (enero a junio) se habían contado 397 hechos. No sólo esto: el problema, que genera preocupación en el país desde hace mucho tiempo –acaso la última década- ha derivado en búsquedas de soluciones que han tenido diversa suerte. En la provincia de Buenos Aires se sancionó durante el anterior gobierno una ley que obliga a los motociclistas a usar chalecos reflectivos con el número de la patente pegado, así como también cascos con la patente. A lo largo del territorio se han sumado intentos de ordenanzas municipales y de leyes provinciales para limitar la circulación de motos, prohibiendo que los conductores lleven acompañante (algunos proyectos lo limitaban en ciertos horarios) y también tratando de obligar a dueños y empleados de estaciones de servicio a que oficien de agentes controladores de uso de casco, chalecos y patentes. Estas normas complejas han tenido relativa aceptación en ciertos lugares y amplio rechazo en el territorio argentino, tanto por parte de representantes de estaciones de servicio como de motociclistas, que adujeron que los discriminan al confundirlos con delincuentes por el solo hecho de circular en moto. Además, las normas no contemplaban el severo problema que se generaba en los lugares donde el uso de motocicleta ha reemplazado la falta de un transporte público eficiente, esto es, el interior de las provincias y la periferia de las ciudades.
En Tucumán, según se refleja en nuestra producción de ayer, hubo al menos seis proyectos de ley que quedaron sin tratar y que hasta perdieron estado parlamentario, y otra propuesta que llegó a ley –la que exige prisión preventiva contra motochorros, “rompevidrios” y escruchantes- ha resultado ineficaz, puesto que el delito aumenta en vez de disminuir. Tampoco parecen ser efectivos los operativos masivos de control que ejecuta con frecuencia la autoridad, puesto que sirven para el secuestro de motos por carecer de papeles, con lo que acaso sancionan a conductores comunes pero no capturan a motoarrebatadores.
El asunto es, básicamente, que no se encuentra el camino para hacer verdadera prevención. Vendría bien conocer informes estadísticos sobre qué resultado han tenido las diferentes normas en otras circunscripciones y analizar qué podría aplicarse en nuestro medio. Lo que no debe hacerse es seguir paralizados y sin discutir el problema, y mucho menos pretender medidas de emergencia y de apuro, sino normas bien diseñadas, que hayan surgido de la reflexión, el debate y el estudio. Pero algo hay que hacer, toda vez que el flagelo parece crecer sin pausa.
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