Juri había dicho que los ciudadanos no pueden objetar los gastos sociales

El fiscal Claudio Bonari (Nº2) dictaminó que una parte de las denuncias penales por el manejo de alrededor de $ 600 millones para gastos sociales legislativos no constituía delito y debía ser desestimada, y que correspondía archivar la otra parte por la imposibilidad de investigarla. En esa segunda categoría entra el destino dado a los fondos públicos que la Legislatura empleó en forma discrecional durante 2015. En el requerimiento de archivo y desestimación de la megacausa emitido el 27 de julio de 2018, el fiscal expresó que diez días después de que pidiera los recibos de los subsidios, el presidente subrogante del Poder Legislativo, Fernando Juri (PJ), contestó que los particulares no podían cuestionar la disposición de estos fondos públicos. Bonari precisó que la respuesta de Juri no incluía los comprobantes que había pedido.

El informe que, sin nombrarlos, pone en tela de juicio la aptitud de los denunciantes opositores Oscar López y Eudoro Aráoz para impugnar la partida denominada “ayudas sociales a personas” consta en el punto 64 del listado de trámites y averiguaciones que llevó adelante Bonari desde que su jefe, el ministro público fiscal Edmundo Jiménez, le encomendara la investigación de esta megacausa (ver por separado un listado de funcionarios que aportaron pruebas). Juri y el subdirector de Asesoría Letrada Judicial e Investigaciones Administrativas del Poder Legislativo, Juan José Francisco Gómez, enviaron la nota el 28 de junio de 2018. El 18 de ese mes, la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº2 de esta capital había requerido a la Legislatura la entrega de los recibos y de las copias certificadas de los DNI de los beneficiarios de las ayudas supuestamente otorgadas en 2015.

Tras advertir que los comprobantes y otros papeles relativos a la aplicación de los fondos públicos no habían sido remitidos, Bonari citó fragmentos del informe de Juri y de Gómez que niegan la posibilidad de que los ciudadanos cuestionen los subsidios. “Nos encontramos frente a un acto político o institucional, es decir, relacionado con los propios órganos o poderes estatales, que contempla principalmente relaciones entre los poderes públicos, por lo que no afecta derechos subjetivos de los particulares. Por esta razón, estos no pueden impugnar el acto institucional, ya que no son partes de este y carecen de acción para hacerlo. La consecuencia fundamental del acto institucional y lo que lo diferencia de otras especies de actos emanados de los poderes públicos es, precisamente, la imposibilidad de ser sometido al control judicial”, sostuvieron Juri y Gómez, siempre de acuerdo con el dictamen de Bonari.

Tanto el número dos de la Legislatura que preside Osvaldo Jaldo como el abogado Gómez recordaron que cuando el gasto había recorrido las tres etapas del control practicado por el Tribunal de Cuentas (preventivo, concomitante y posterior) y había sido aprobado, sólo cabía acudir ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Bonari, por su parte, también mencionó en distintos tramos de su requerimiento que el Tribunal de Cuentas había avalado los gastos sociales y que, por ello, estos gozaban de “presunción de legitimidad” (se informa por separado).

La megacausa penal relativa a las ayudas discrecionales de la Legislatura involucra a al menos 55 autoridades políticas. Las denuncias se hicieron eco de la publicación de imágenes de valijas cargadas con dinero en efectivo que personal del Poder Legislativo extraía del banco. Los funcionarios a cargo de esa institución dispusieron de alrededor de U$S 46 millones para desembolsos en concepto de subsidios durante el año electoral de 2015. Ni Bonari ni el fiscal federal Carlos Brito ni los camaristas en lo contencioso administrativo lograron acceder a los comprobantes de aquellas erogaciones. A finales de 2016, la Legislatura devolvió la medida cautelar que colocaba los recibos al cuidado de Jaldo.

Ninguno de los múltiples procesos iniciados en sede penal y en lo contencioso administrativo para esclarecer los hechos lograron aquel cometido. El propio fiscal Bonari admitió que no había logrado desarrollar algunos aspectos de la investigación. Por esa razón, sugirió archivar la pesquisa hasta la aparición de nuevas evidencias. Ese pedido ha de ser controlado por un juez de Instrucción en lo Penal de esta capital. Algunos meses atrás, el magistrado Facundo Maggio (N°2) envió la megacausa al despacho N°4, que está acéfalo.