Un crimen que está vinculado al tráfico de sustancias

El crimen de Sebastián Medina (31 años) puso en el centro de la escena los problemas que existían en noviembre de 2017. Alejandro “Pichi” Mendoza lo ultimó de una puñalada cuando lo atacó en el patio del penal. En principio se pensó que era una muerte más en el penal, pero después, con el correr de las horas, se supo que el homicidio habría sido premeditado y preparado por las personas a las que había denunciado por venta de drogas en la cárcel de Villa Urquiza.

Medina había sido trasladado en setiembre de 2017 a la seccional 7ª después de que contara cómo los guardias le entregaban droga para que vendiera. El 19 de noviembre, personal del Servicio Penitenciario lo trasladó de vuelta hasta el penal de Villa Urquiza porque había protagonizado una revuelta. Sin embargo, la fiscala Adriana Giannoni recogió pruebas de que nunca se había producido el supuesto motín.

La víctima pasó de ser un testigo protegido a un habitante más de los sectores 1 y 2 de Villa Urquiza, el lugar donde trabajaban los guardias que él había denunciado. Autoridades de Institutos Penales declararon que ellos habían trasladado al reo por una orden judicial. Pero María Nazaret Rodríguez Ponce de León, secretaria del juzgado de Ejecución de Sentencia que dirige Roberto Guyot, confirmó que nunca había dado esa orden, por lo que su traslado fue ilegal.

Medina fue golpeado desde que llegó a Villa Urquiza. El primer día de visita, les contó a sus familiares lo que le había pasado y les pidió que denunciaran el hecho ante el juez Guyot. Incluso, según consta en el expediente, redactó una carta pidiendo protección, puesto que sospechaba que lo matarían. Desde el juzgado nunca actuaron y el denunciante terminó siendo asesinado el 22 de noviembre.

Gustavo Morales, defensor de Gustavo Giri, dijo que Medina también intentó agredirlo hace menos de un mes. “Terminó lesionado y no le pasó nada porque intervinieron otros reclusos. No es casual que haya ocurrido eso. Hay grupos que no quieren que se deje de vender drogas en la cárcel”,dijo

Giannoni imputó a Mendoza el crimen del joven, pero también acusó a funcionarios. Al ex director Guillermo Snaider lo acusó de no haber cumplido con sus deberes de funcionario público al permitir el traslado del joven y de no asegurarle protección. A José Cisterna, a Walter Patto y a Claudio González, tres de los denunciados por Medina, les imputó haber realizado maniobras para que se produjera el homicidio. Entre ellas aparecen haberlo trasladado ilegalmente, haberlo alojado en un lugar peligroso y sin protección, y haber ubicado al supuesto agresor en el espacio donde se produjo el homicidio.