13 Junio 2019
INFOBAE
BUENOS AIRES.- El ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y los detenidos dueños del grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, comenzaron a ser juzgados hoy por presunta "defraudación agravada" por el no pago al fisco de $ 8.000 millones del impuesto a los combustibles líquidos por parte de firma Oil Combustibles.
López y De Sousa fueron trasladados desde la cárcel de Ezeiza a los tribunales federales de Retiro para el inicio del debate, previsto a las 9.30, ante el Tribunal Oral Federal 3, pero que finalmente comenzó a las 11.
Los jueces Fernando Machado Pelloni, Andrés Basso y Javier Ríos dieron inicio al juicio con la lectura de la acusación de la AFIP, querellante en el caso, y luego fue el turno del requerimiento de la fiscalía, a cargo de Gerardo Pollicita.
Echegaray está procesado como autor, y los empresarios como partícipes necesarios del delito de "defraudación a la administración pública" agravada por otorgar planes de pago irregulares a Oil Combustibles entre mayo de 2013 y agosto de 2015.
De esta forma, según la acusación, la empresa no depositó $ 8.000 millones del impuesto a los combustibles líquidos y gas natural que se retenía a los clientes y este dinero se habría usado para capitalizar a otras empresas del grupo Indalo.
"Hubo una compleja maniobra de corrupción por medio de la defraudación al Estado Nacional" ideada desde la "cúspide" de la AFIP por Echegaray para "no exigirle a la empresa de López y De Sousa el pago de millonarias sumas", se recordó en la acusación. De esta manera, los empresarios "se financiaron espuriamente con fondos públicos", agregó la acusación fiscal.
Los acusados se ubicaron en primera fila en una pequeña sala de audiencias ubicada en la planta baja de Comodoro Py 2002, junto a sus abogados. De Sousa quedó en un extremo, junto a su defensor, Carlos Beraldi; en el medio, se ubicó Echegaray, con el abogado León Arslanian, y en la otra punta se sentaron López y su letrado, Fabián Lertola.
La audiencia se inició tarde ante los inconvenientes que se generaron porque sólo hubo lugar para 27 personas, con lo cual quedaron afuera familiares de los detenidos llegados del sur del país, amigos y periodistas.
En la sala estuvieron los familiares más cercanos, como la esposa de De Sousa y uno de sus hijos pequeños, a quien el detenido pudo saludar y tomar en sus brazos.
El abogado Beraldi hizo el primer planteo del debate: reclamó por la falta de lugar en la sala de juicio "en un caso de extraordinaria trascendencia" y que "tiene como condición básica la publicidad".
"Acá se discute la manera arbitraria sobre cómo se ha desarrollado toda la instrucción y las interferencias del Poder Ejecutivo en la causa. Queremos que se respeten las garantías constitucionales que hasta ahora no hemos tenido oportunidad de que sean respetadas", se quejó Beraldi al pedir que las siguientes audiencias se desarrollen en un espacio más amplio.
"El Tribunal es consciente y adhiere" a lo planteado, respondió el juez Machado Pelloni y dio inicio a la lectura de los requerimientos de acusación.
En la causa la AFIP es querellante y actor civil, representada por el abogado Alejandro Carrió y otros letrados, mientras que el fiscal que actúa en el juicio es Juan García Elorrio. (Télam)
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