El legislador Bourlé pide la destitución de la jueza Ebe López Piossek

Según el denunciante, es en base a un supuesto beneficio a través de fallos judiciales para un grupo de concesionarios de agencias de quiniela.

FIRMA. Bourlé realizando la denuncia en mesa de entrada. FIRMA. Bourlé realizando la denuncia en mesa de entrada.
18 Junio 2019

Esta mañana ingresó a la Comisión de Juicio Político de la Legislatura un pedido de destitución en contra de la jueza de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Sala III, Ebe López Piossek

El legislador Eduardo Bourlé firmó el pedido de destitución en base a un supuesto beneficio a través de fallos judiciales para un grupo de concesionarios de agencias de quiniela. 

Los propietarios de esos locales serían clientes de los estudios jurídicos de los sobrinos de la jueza, Agustín Ponce de León y Francisco José De Rosa.

El legislador Bourlé pide la destitución de la jueza Ebe López Piossek

Según Bourlé, Ponce de León es hijo de Carolina Susana Albornoz Piossek y  De Rosa es hijo Clara María Magdalena Albornoz Piossek. Ambas son primas de Ebe López Piossek.

Según el denunciante, los estudios jurídicos Ponce de León/Peyrel y De Rosa/Contreras interpusieron demandas y acciones de amparo en contra de la Caja Popular de Ahorros en días en que se encontraba de turno el juzgado de López Piossek, aprovechando el conocimiento previo del juez interviniente.

"Habiendo conocido esta situación de antemano, López Piossek debió haberse excusado", advirtió Bourle. Además, precisó que Ponce de León es abogado de la Caja Popular de Ahorros y en el período 2013/Julio 2018 prestó servicios en el área de Asesoría Letrada, donde dictaminó sobre cuestiones de juegos de azar.

"Con sus fallos López Piossek perjudicó patrimonialmente al Estado Provincial, ya que la Caja Popular no pudo disponer de los fondos provenientes de la quiniela que luego son destinados al Sistema Provincial de Salud", explicó Bourlé.

Y agregó que la jueza dictó medidas cautelares sin garantía suficiente, por lo que el Estado Provincial deberá soportar los daños aun cuando la Caja Popular gane el proceso judicial.

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