Una audiencia definirá la fecha del juicio del ex fiscal Albaca

El caso de Carlos Albaca, el primer ex fiscal provincial imputado por el posible encubrimiento del delito que debía investigar, el homicidio de Paulina Lebbos, lleva casi tres años en la Cámara Penal a la espera del juicio oral. Ese tiempo de incertidumbre estaría por terminar. Sucede que la Sala I citó al ex funcionario imputado, al Ministerio Público Fiscal y a la querella a participar de una audiencia para coordinar las agendas y fijar criterios relativos a la prueba. De esa reunión convocada para el 20 de agosto a las 8 surgirá la fecha del enjuiciamiento. El debate podría comenzar este mismo año, pero, en función de los antecedentes del expediente, tampoco sería raro que todo pase para 2020.

La audiencia procura organizar en forma eficiente la presentación de los testigos -sólo la defensa del ex fiscal propuso 62- y de la documentación para privilegiar la simplicidad y la abreviación. El objetivo es ganar tiempo y acotar los actos a lo estrictamente relevante para la dilucidación de la responsabilidad del imputado.

La información propuesta y ya admitida para juzgar a Albaca es abundante, y refleja la trascendencia institucional del proceso. La convocatoria a seis fiscales (Daniel Marranzino, Marta Jerez de Rivadeneira, Diego López Ávila, Adriana Giannoni, Alejandro Noguera y Juana Prieto de Sólimo -se jubiló en 2017-) para que presten declaración testimonial anticipa una discusión amplia sobre la cultura del organismo encargado de investigar los hechos delictivos en la faz provincial. También fueron ofrecidos los testimonios de otros dos funcionarios con fueros: el senador José Alperovich y el ministro de Seguridad provincial, Claudio Maley. Estos y los fiscales -con la excepción de Prieto de Sólimo, que ha de declarar como una testigo común en la sala de juicio- pueden acogerse al beneficio de contestar las preguntas por escrito, aunque bajo juramento de decir la verdad.

Según explicaron fuentes judiciales, las audiencias previas como la convocada para el 20 de agosto suelen ser la antesala de la apertura inmediata del debate. Más allá de la interposición de nuevos planteos que dilaten el partido, la disponibilidad de Albaca y de su defensa; del querellante Alberto Lebbos, papá de la víctima, y del fiscal de Cámara N°1, Carlos Sale, ha de coincidir con la del tribunal, que hasta el presente integran Pedro Roldán Vázquez, María Elisa Molina y Alicia Freidenberg (subrogante).

El estrado podría variar por más de una circunstancia. En primer lugar porque el mes pasado el gobernador Juan Manzur designó a Diego Lammoglia para cubrir la vocalía vacante. De acuerdo con los plazos usuales, es posible que el candidato escogido transite y concluya el procedimiento de acuerdo en la Legislatura, y jure ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán justo a tiempo para integrarse al tribunal del caso “Albaca”. En ese supuesto, Lammoglia desplazaría a Freidenberg.

También podría suceder que Molina acceda a la jubilación con el beneficio del 82% móvil en el corto plazo, según comentaron fuentes judiciales. Esa vicisitud obligaría a buscar otro camarista subrogante o a reintegrar a Freidenberg en el caso de que Lammoglia se sume a la Sala I que intervendrá en el juicio oral. La partida de Molina complicaría las previsiones si obliga a requerir los servicios de otro sustituto debido a la saturación de compromisos asumidos por la celebración de debates unipersonales y a la escasez de magistrados. Además, hay que ver los cambios de jueces no generan recusaciones.

El pedido de Gandur

Este caso abierto hace al menos seis años llevó a Antonio Gandur, ex presidente de la Corte Suprema, a solicitar en 2017 a la Sala I que juzgara a Albaca en un plazo razonable. El vocal fallecido en diciembre había manifestado que el derecho de defensa no podía abolir otros derechos de igual rango y jerarquía, como el de las víctimas a impedir que los delitos queden impunes.

La causa del supuesto encubrimiento se remonta al momento en el que Albaca tomó el control de la investigación del homicidio de Lebbos acaecido en 2006. El ex fiscal N°2 -Claudio Bonari hoy ocupa ese despacho- reemplazó a Alejandro Noguera, en la actualidad representante del Ministerio Público Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. Luis De Mitri, ex jefe de los fiscales, ordenó la sustitución luego de que Noguera fuese fotografiado mientras salía de la residencia del ex gobernador Alperovich en momentos candentes del desarrollo de la pesquisa. A continuación, Albaca mantuvo las actuaciones en secreto durante siete años. En 2013, acuciado por las denuncias y el sumario administrativo adverso que practicó la fiscala Jerez de Rivadeneira, el fiscal renunció para acogerse a la jubilación con el beneficio del 82% móvil. El pase al sector pasivo se consumó el 31 de julio de 2014. Con él se retiró De Mitri, que falleció el año pasado.

Mientras el expediente del homicidio pasaba de la Fiscalía N°2 a la N°4 a cargo de Diego López Ávila, que terminó requiriendo el juicio finalizado este año con condenas en proceso de revisión, comenzaba la investigación del proceder de Albaca. Después de que sus ex colegas se apartaran, Prieto de Sólimo se hizo cargo de esta causa sensible. Su tarea investigativa determinó que 11 hechos distintos comprometían a Albaca, que, en síntesis, fue acusado de paralizar el esclarecimiento de la muerte de Lebbos. En junio de 2017, y al rechazar los planteos de prescripción y de una serie de nulidades, la Sala I consideró que no podía ignorar que todas las conductas atribuidas al ex fiscal estaban unidas por un mismo hilo conductor: se trataría de procederes activos u omisivos que buscarían el encubrimiento del homicidio.

“Aceptaremos la competencia de la cámara en lo contencioso administrativo”

Marcelo Billone, presidente del Colegio de Abogados de la Capital, dijo  que estaba sorprendido por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán de volver sobre sus pasos y declararse incompetente en el amparo que la entidad intermedia había iniciado en 2017 para que el Gobierno agilizara la cobertura de las vacantes judiciales (se informa por separado).

“No nos convence el giro, pero aceptaremos la intervención de la Cámara en lo Contencioso Administrativo para evitar mayores dilaciones”, dijo. Y añadió: “nos llama la atención que esta decisión haya sido tomada luego del transcurso de más de un año de trámite ante la Corte Suprema e, inclusive, cuando los propios vocales, en ejercicio de su competencia, dictaron medidas para mejor proveer. Ello pone de manifiesto que la Corte se consideraba absolutamente legitimada para resolver nuestra demanda”.